- La Fiscalía General de la República dejó claro que en México no bastan filtraciones ni acusaciones públicas para detener a una persona. Ante una solicitud de Estados Unidos, la FGR abrirá una investigación, pero advirtió que no se acompañaron pruebas suficientes.

FGR investigará, pero no actuará sin pruebas
La Fiscalía General de la República marcó distancia frente a la solicitud presentada por autoridades de Estados Unidos y anunció que iniciará una investigación para reunir toda la información necesaria sobre el caso.
El punto central es claro: antes de solicitar una orden de aprehensión, las autoridades mexicanas deben contar con datos de prueba que permitan inferir la probable comisión de un delito.
En México no se detiene a nadie por presión mediática ni por dichos sin sustento legal.
México exige sustento legal en extradiciones
La FGR recordó que la legislación mexicana obliga a presentar elementos suficientes ante la autoridad judicial para pedir una orden de aprehensión.
Además, el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece que una extradición sólo puede concederse si las pruebas son suficientes conforme a las leyes del país requerido, en este caso México.
De acuerdo con el planteamiento de la Fiscalía, la solicitud estadounidense no llegó acompañada de elementos probatorios suficientes ni evidencias contundentes sobre los hechos narrados.
EU habría roto la confidencialidad del caso
Otro mensaje clave de la FGR fue sobre la secrecía del procedimiento. La propia solicitud de Estados Unidos pedía que la información relacionada con una detención provisional o extradición no fuera divulgada ni hecha del dominio público.
Sin embargo, la Fiscalía señaló que esa información terminó expuesta por las propias autoridades estadounidenses, lo que podría afectar la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en ese país.
La 4T marca cancha: cooperación sí, subordinación no
El mensaje político es de fondo: México puede cooperar con Estados Unidos en materia penal y extradición, pero no está obligado a actuar sin pruebas.
La FGR dejó claro que cualquier procedimiento debe pasar por la ley mexicana, por los tratados vigentes y por el debido proceso. Cooperación, sí; subordinación judicial, no.





