- La Fiscalía General de la República autorizó que siete elementos de la Secretaría de Marina rindan entrevistas ministeriales dentro de la investigación contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, procesado por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles. La diligencia fue solicitada por su defensa y se desarrollará ante la FEMDO con la presencia del Ministerio Público Federal.
La autorización quedó formalizada mediante un oficio fechado el 22 de julio de 2026. Los integrantes de la Marina comparecerán de manera escalonada en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México.
Las entrevistas estarán a cargo de los abogados de Farías Laguna, encabezados por Epigmenio Mendieta Valdés, y contarán durante todo el procedimiento con la presencia de un agente del Ministerio Público Federal.
De acuerdo con la información difundida por la defensa, los siete elementos trabajaron en la Oficialía Mayor de la Marina y en la Aduana de Hermosillo, Sonora. Sus testimonios serán incorporados formalmente a la carpeta de investigación.
La defensa sostiene que estas declaraciones podrían ayudar a establecer quién participó en la toma de decisiones, cómo se desarrollaron las operaciones investigadas y quién emitió las instrucciones dentro de la estructura naval y aduanera.
Hasta el momento, las autoridades no han difundido públicamente los nombres de los comparecientes.
Defensa busca esclarecer la cadena de mando
Los abogados del vicealmirante consideran que la diligencia puede aportar información sobre las responsabilidades individuales dentro de la presunta red y evitar que la investigación se limite a las relaciones jerárquicas o familiares del acusado.
La autorización de las entrevistas, sin embargo, no modifica por sí misma la situación jurídica de Farías Laguna ni representa una determinación sobre su responsabilidad. Su contenido deberá incorporarse al expediente y valorarse junto con los demás datos de prueba.
El mando naval permanece recluido en el penal federal del Altiplano y enfrenta un proceso por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Un juez federal también señaló acusaciones relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En junio, un juez de distrito le negó un amparo contra su vinculación a proceso. La defensa impugnó esa sentencia y ahora un Tribunal Colegiado del Segundo Circuito deberá revisar si existieron violaciones al debido proceso o si confirma la resolución.
El buque Challenge Procyon detonó la investigación
El caso se originó después del operativo federal realizado en marzo de 2025 en el puerto de Tampico, Tamaulipas, donde las autoridades interceptaron al buque Challenge Procyon.
La embarcación había arribado el 19 de marzo con un cargamento declarado como aditivos para aceites lubricantes. Las investigaciones determinaron que se trataba presuntamente de diésel introducido al país mediante documentación irregular para evadir el pago de impuestos.
En el operativo participaron la Marina, la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Las autoridades aseguraron oficialmente 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque, vehículos, armas, municiones y documentación.
Las pesquisas posteriores permitieron identificar una estructura integrada presuntamente por mandos navales, empresarios y funcionarios aduaneros. En septiembre de 2025, el Gobierno federal informó la detención de 14 personas relacionadas con el mercado ilícito de combustible.
Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de ese año y posteriormente vinculado a proceso. Desde entonces permanece privado de la libertad mientras continúa la investigación y se resuelven sus medios de defensa.
Farías Laguna también pidió citar a Rafael Ojeda
La defensa solicitó por separado que la FGR llame a declarar al exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, tío político de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.
Los abogados argumentaron que Ojeda Durán podría aportar información por la posición jerárquica que ocupó al frente de la institución y por los reportes que, según el expediente, recibió sobre posibles irregularidades en puertos y aduanas.
La petición fue presentada el 1 de junio, pero hasta este 30 de julio la FGR no había informado públicamente si aceptará esa comparecencia.
