- La Fiscalía General de la República indaga un presunto esquema de triangulación de recursos públicos vinculado al entorno familiar del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
La Fiscalía General de la República mantendría bajo investigación una presunta red de lavado de dinero y desvío de recursos públicos vinculada al entorno familiar del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda.
De acuerdo con información publicada por El Financiero, el caso apunta a un presunto esquema financiero por más de mil millones de pesos, en el que habrían participado empresas privadas, organismos estatales y el despacho Firma Jurídica y Fiscal S.C., ligado a familiares del mandatario de Movimiento Ciudadano.
La publicación señala que entre los principales accionistas del despacho familiar aparecen Samuel Orlando García Mascorro, padre del gobernador, y Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del mandatario estatal. Según el reporte, esta firma habría sido utilizada como pieza central para captar y dispersar recursos provenientes de distintas áreas del gobierno de Nuevo León.
El presunto esquema habría operado mediante pagos del gobierno estatal a diversas empresas, que posteriormente transfirieron recursos a otras compañías y, finalmente, al despacho Jurídica y Fiscal Abogados S.C. Entre las empresas mencionadas se encuentran Suministro MYR, Proveedor de Productos Mexicanos JACE, Txat Latam, FERRO & MENDEZ, Infraestructura y Construcciones de Nuevo León, Corporación Transnacional de Inversiones, BEMASE y North American Heavy Equipment.
Uno de los tramos señalados por el medio involucra al Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, así como operaciones relacionadas con proyectos como el Acueducto El Cuchillo y el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos de Nuevo León. Según el reporte, parte de los recursos terminó concentrándose en el despacho familiar y después fue dispersada hacia Saga Tierras y Bienes Inmuebles S.A. de C.V.
La indagatoria federal buscaría determinar si estas operaciones constituyen desvío de recursos públicos, lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR, como órgano constitucional autónomo, tiene entre sus funciones investigar delitos federales y esclarecer los hechos, bajo principios de legalidad, objetividad e imparcialidad.
Hasta ahora, la existencia de una investigación no implica una sentencia ni responsabilidad penal acreditada contra Samuel García, sus familiares o las empresas mencionadas. Será la autoridad la que determine si existen elementos suficientes para judicializar el caso.
El caso coloca bajo presión política al gobierno de Nuevo León y a Movimiento Ciudadano, pues los señalamientos apuntan directamente al círculo familiar del mandatario estatal y al presunto uso de contratos públicos para triangular recursos millonarios.
El Financiero
