- La Fiscalía General de la República (FGR) busca llevar a proceso penal a cinco exfuncionarios del Ayuntamiento de Aguascalientes por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de más de 848 millones de pesos, firmado durante la administración municipal de la hoy gobernadora Teresa Jiménez.
El caso gira alrededor del Programa de Eficiencia Energética y de la empresa Next Energy, que recibió recursos públicos pese a que, de acuerdo con las investigaciones federales, el servicio contratado no había comenzado.
La Auditoría Superior de la Federación detectó que el gobierno municipal realizó pagos a Next Energy por 132.4 millones de pesos, registrados contablemente como “consumo de energía eléctrica”.
El problema: según la ASF, los trabajos no habían iniciado y el servicio nunca se prestó. Los pagos se realizaron entre 2019 y 2021, periodo en el que Teresa Jiménez todavía encabezaba el Ayuntamiento de Aguascalientes.
El contrato PPS 002/2019 fue firmado el 28 de marzo de 2019 y contemplaba una inversión total cercana a 949 millones de pesos. Parte de los recursos comprometidos tenían origen federal.
La investigación alcanza a quienes ocuparon áreas clave de Servicios Públicos, Finanzas, Administración, Secretaría del Ayuntamiento y Sindicatura.
Entre los exfuncionarios señalados aparecen Rodolfo Téllez, Luis Alberto Rivera, Jaime Gerardo Beltrán, Mónica Marcela Díaz y Alfredo Martín Cervantes, este último actualmente secretario de Finanzas del Gobierno de Aguascalientes.
La FGR les atribuye posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos y en las autorizaciones relacionadas con el contrato.
Por ahora, Teresa Jiménez no ha sido imputada formalmente en esta causa federal, aunque el convenio investigado se celebró durante su gestión como alcaldesa y reportes periodísticos han documentado que su firma aparece vinculada al contrato.
Next Energy devolvió a las arcas del Ayuntamiento 154.1 millones de pesos, cantidad que incluía IVA. Sin embargo, las investigaciones señalan que el municipio clasificó el dinero devuelto como un ingreso por “energía eléctrica por APP”.
Después, según la información recabada por la ASF y la FGR, las autoridades federales perdieron el rastro de esos recursos porque el Ayuntamiento no presentó documentación suficiente para acreditar el destino de los 132.4 millones correspondientes al gasto original.
Un juez había programado para el pasado 13 de agosto la audiencia inicial en la que la FGR presentaría las pruebas contra los cinco exfuncionarios.
Pero minutos antes de comenzar, el Juzgado Séptimo de Distrito en Aguascalientes concedió una suspensión que frenó temporalmente la diligencia.
