- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió un nuevo frente para intentar reincorporar al proceso contra Emilio Lozoya Austin información bancaria obtenida en Suiza y utilizada para rastrear los presuntos sobornos de Odebrecht. La dependencia solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer una apelación que podría definir el futuro de esas pruebas.
De acuerdo con información publicada este lunes por La Jornada, el máximo tribunal tiene previsto analizar el próximo 21 de septiembre si ejerce su facultad de atracción. La lista oficial de la SCJN confirma que existe sesión programada para esa fecha.
El punto central de la disputa es información financiera remitida por autoridades suizas mediante mecanismos de asistencia jurídica internacional.
Esos documentos forman parte de las evidencias con las que la Fiscalía ha buscado acreditar el flujo de recursos relacionado con los presuntos sobornos pagados por Odebrecht al exdirector de Petróleos Mexicanos.
La FGR, ahora encabezada por Ernestina Godoy, pidió a la Corte atraer la apelación contra la decisión judicial que dejó fuera esos elementos probatorios.
La SCJN deberá decidir si acepta estudiar el recurso. Sólo en caso de ejercer su facultad de atracción entraría posteriormente al análisis de fondo.
¿Por qué fueron excluidas las pruebas?
En 2023, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación confirmó la exclusión de información financiera proporcionada por Suiza y Brasil. Los juzgadores consideraron que los datos bancarios requerían autorización judicial previa conforme al derecho mexicano, aun cuando hubieran sido obtenidos mediante asistencia jurídica internacional.
Entre las evidencias excluidas se encontraba información bancaria remitida por Suiza en septiembre de 2018 y comprobantes de transferencias realizadas desde compañías offshore vinculadas con Odebrecht hacia empresas relacionadas con Lozoya.
En julio de 2024, otro tribunal rechazó un recurso promovido por Pemex que pretendía conservar dentro del juicio información financiera enviada por Brasil y Suiza. Con ello, el proceso por Odebrecht quedó encaminado a continuar sin una parte relevante de las pruebas financieras.
El tratado con Suiza, en el centro de la batalla
México y Suiza mantienen vigente desde 2008 un Tratado de Asistencia Jurídica en Materia Penal, diseñado precisamente para intercambiar información y elementos de prueba en investigaciones criminales.
El artículo 27 del tratado establece que los documentos, expedientes, declaraciones o elementos de prueba transmitidos conforme al instrumento internacional quedan dispensados de legalización y otras formalidades. Incluso señala que los documentos enviados por la autoridad central del Estado requerido pueden ser aceptados como medios de prueba sin otra formalidad ni certificación de autenticidad.
Por un lado, tribunales mexicanos han considerado que el acceso a información bancaria debe cumplir con las exigencias constitucionales nacionales. Por otro, la Fiscalía sostiene su caso sobre un tratado internacional que contempla mecanismos específicos para obtener y utilizar evidencia proporcionada por otro Estado.
Si la Corte acepta el asunto, deberá determinar cómo se armonizan las garantías constitucionales mexicanas con las reglas del tratado bilateral de cooperación penal.
Las pruebas apuntaban al dinero de Odebrecht
La FGR ha sostenido que Lozoya recibió 10.5 millones de dólares relacionados con Odebrecht, aunque peritajes sobre las operaciones financieras identificaron movimientos por alrededor de 7.3 millones de dólares dentro de las pruebas que terminaron excluidas.
La investigación señala transferencias realizadas mediante compañías offshore hacia firmas como Latin America Asia Capital Holding y Zecapan, relacionadas con el exdirector de Pemex. Parte de esa documentación llegó a México desde Suiza y Brasil mediante solicitudes de cooperación jurídica.
Lozoya ha enfrentado el proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa vinculados con el caso Odebrecht.
La exclusión de las pruebas financieras no significó el cierre automático del proceso, pues la Fiscalía mantuvo otros elementos admitidos judicialmente.
FGR vuelve a presionar en los tribunales
El nuevo recurso ocurre además en un momento en que la Fiscalía ha conseguido otros avances judiciales relacionados con Lozoya.
En julio, un tribunal federal ordenó reactivar el proceso penal del exdirector de Pemex por el caso Agronitrogenados, después de casi tres años de suspensión.
En agosto, la SCJN también dejó firme la extinción de dominio de una residencia en Lomas de Bezares valuada en más de 51 millones de pesos, vinculada por la FGR con recursos de procedencia ilícita relacionados con Agronitrogenados.
Son procedimientos distintos, pero muestran que la Fiscalía mantiene abiertos varios frentes alrededor del exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La decisión del 21 de septiembre será, por ahora, únicamente sobre si la Suprema Corte atrae o no el recurso.
Si lo rechaza, permanecerá la ruta judicial que ha mantenido fuera parte de la información bancaria. Si acepta intervenir, el máximo tribunal podrá entrar posteriormente al fondo de una cuestión que rebasa el caso Lozoya: qué requisitos deben cumplir en México las pruebas obtenidas legalmente por otro país mediante un tratado internacional.
