- La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este lunes sobre el conflicto que enfrenta a comunidades garífunas de Honduras con empresas y autoridades alrededor del uso de Cayos Cochinos para producciones televisivas. La controversia incluye una orden de desalojo, amenazas de detención contra defensores del territorio y la participación de una empresa en la que aparece como inversionista Fundación Azteca Honduras, vinculada a Grupo Salinas.
El conflicto ocurre en Playa Uva y otras zonas de Cayos Cochinos, archipiélago ubicado frente a la costa caribeña de Honduras y protegido bajo la figura de Monumento Natural Marino.
Comunidades agrupadas en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) instalaron un campamento para reclamar participación en las decisiones sobre el territorio y denunciar restricciones a la pesca, navegación y acceso a espacios utilizados históricamente por la población garífuna. También cuestionan las grabaciones de programas de televisión en el área protegida sin un proceso de consulta que consideren válido.
El conflicto escaló a mediados de septiembre. Una orden judicial dispuso el desalojo de personas consideradas “ocupantes no autorizados” del campamento. El 19 de septiembre, La Jornada documentó además que una fiscal ordenó detener a Mabel Robledo y otros ocho integrantes del comité de resistencia si permanecían en el lugar. Cerca de 120 elementos de fuerzas navales y militares se encontraban entonces en las inmediaciones.
Sobre la ejecución definitiva del desalojo existen versiones distintas. Algunos medios informaron que policías retiraron a manifestantes, mientras que La Jornada reportó el 20 de septiembre que la amenaza de desalojo y las órdenes contra nueve defensores continuaban vigentes.
El vínculo empresarial con Grupo Salinas
En el centro de la disputa aparece la Sociedad de Inversiones Ecológicas S.A., conocida como SIEC.
La historia institucional publicada por la propia Fundación Cayos Cochinos señala que SIEC fue creada en 1993 por empresarios hondureños asociados con AVINA Management. La compañía adquirió entonces Cayo Menor, Cayo Paloma, Cayo Bolaños, Cayo Gallo y una hectárea de Cayo Mayor.
El vínculo con Ricardo Salinas Pliego llegó posteriormente.
Una investigación de Criterio.hn basada en registros mercantiles hondureños identifica entre los socios actuales de SIEC a Fundación Azteca Honduras A.C., además de empresarios y compañías como Banco Davivienda Honduras, Tiendas Carrión y Corporación Cressida.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras identifica a Fundación Azteca Honduras como el principal inversionista de SIEC y señala que la fundación está financiada por Grupo Salinas. La Jornada ha descrito a intereses vinculados con Salinas Pliego como mayoritarios dentro de la sociedad. Sin embargo, los registros mercantiles publicados por Criterio.hn no muestran los porcentajes accionarios de cada socio, por lo que no resulta preciso presentar a Ricardo Salinas Pliego, sin matices, como propietario único de SIEC.
Presidente de SIEC ratificó denuncia contra manifestantes
De acuerdo con La Jornada, Enrique Morales Alegría, presidente de SIEC, acudió a ratificar una denuncia relacionada con los integrantes del campamento. Según el acta citada por el diario, Morales sostuvo que una representante de Cuarzo Producciones le comunicó que manifestantes habían ingresado a propiedad privada, ocasionado daños e insultado a integrantes de la producción.
OFRANEH rechaza esa interpretación y sostiene que la protesta ocurre dentro de un territorio ancestral sobre el que el pueblo garífuna posee derechos colectivos y de uso reconocidos internacionalmente.
Ese choque —propiedad privada de algunos terrenos frente a derechos colectivos, uso tradicional del mar y acceso a las playas— es uno de los puntos centrales del litigio.
La Corte Interamericana ya condenó a Honduras por este conflicto
El 20 de noviembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras. El fallo fue notificado públicamente el 4 de marzo de 2026.
La Corte declaró responsable al Estado hondureño por violar los derechos a la propiedad colectiva, participación, acceso a la información, identidad cultural, alimentación e integridad personal de la comunidad.
El tribunal estableció que Honduras había adoptado decisiones sobre la creación y administración del área protegida, las restricciones pesqueras y otras actividades sin garantizar suficientemente una consulta previa, libre e informada.
Y la sentencia aborda directamente las producciones de televisión.
La Corte determinó que el Estado autorizó actividades televisivas que afectaban el territorio y el hábitat funcional de la comunidad sin garantizar su participación y consulta adecuadas. También reconoció que el mar y la pesca artesanal forman parte de la subsistencia y de la identidad cultural garífuna.
Por ello, el reclamo actual sobre las filmaciones no nació con las protestas de septiembre: forma parte de un conflicto que llegó al sistema interamericano después de más de dos décadas de denuncias. Criterio.hn documenta que OFRANEH presentó la petición inicial ante la Comisión Interamericana desde 2003.
Las playas no son simplemente propiedad privada
El artículo 617 del Código Civil de Honduras establece que el mar adyacente y sus playas son “bienes nacionales de uso público”. Por tanto, la propiedad privada sobre terrenos interiores de determinados cayos no convierte automáticamente toda su franja costera en una playa privada.
Los artículos 666, 667 y 668 reconocen además derechos específicos a los pescadores para utilizar las playas y determinados espacios contiguos para sacar embarcaciones, redes y productos de la pesca. También establecen limitaciones para que propietarios vecinos no bloqueen completamente esos usos.
Estas disposiciones no resuelven por sí solas el conflicto, pues Cayos Cochinos cuenta además con normas ambientales y un régimen especial como área natural protegida, pero sí muestran que la discusión jurídica es más compleja que determinar quién posee escrituras sobre los terrenos.
El programa que actualmente se encuentra en producción en Cayos Cochinos es Supervivientes All Stars 3, transmitido por Telecinco, perteneciente a Mediaset España, y producido junto con Cuarzo Producciones, compañía de Banijay Iberia. La temporada comenzó el 10 de septiembre.
El vínculo con el conglomerado de Salinas Pliego está documentado a través de Fundación Azteca Honduras y su participación en SIEC, sociedad relacionada con terrenos del archipiélago. La producción televisiva en curso corresponde a las compañías españolas mencionadas.
Mediaset asegura tener permisos y respaldo comunitario
En la presentación oficial de Supervivientes All Stars 3, Mediaset afirmó que cuenta con autorización de la Fundación Cayos Cochinos y respaldo del Gobierno hondureño. También aseguró que cinco comunidades garífunas de la zona firmaron un manifiesto de apoyo y que integrantes de esas comunidades trabajan como colaboradores de la producción.
La compañía sostiene asimismo que existen protocolos para proteger arrecifes, pastos marinos y zonas de anidación de tortuga carey, además de controles sobre actividades de pesca vinculadas con la producción.
OFRANEH cuestiona que esos respaldos sustituyan la consulta colectiva exigida por la Corte Interamericana y mantiene que decisiones sobre el territorio continúan tomándose sin una participación adecuada de todas las comunidades afectadas.
Denuncian afectaciones a pesca y tortuga carey
Las comunidades movilizadas aseguran que durante las temporadas de grabación aumentan las restricciones para pescar y desplazarse en determinadas zonas del archipiélago.
Criterio.hn documentó desde marzo testimonios de pescadores y operadores turísticos que denunciaron limitaciones de navegación durante las filmaciones. La propia sentencia de la Corte IDH reconoció históricamente que actividades televisivas habían generado restricciones relacionadas con el uso del territorio y los recursos marinos.
OFRANEH también sostiene que las operaciones actuales coinciden con la temporada de reproducción de la tortuga carey y reclama estudios suficientes sobre el impacto ambiental de las producciones. Mediaset, por el contrario, afirma que cuenta con protocolos específicos para evitar interferencias en el proceso de anidación.
Sheinbaum sostuvo que cualquier actividad económica realizada en un área natural protegida o en territorios de pueblos originarios debe respetar la regulación ambiental y los derechos de las comunidades. Agregó que el Gobierno mexicano permanecerá pendiente del conflicto, aunque no anunció alguna acción diplomática contra empresas o autoridades hondureñas.
