- La Suprema Corte validó el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel y dejó claro: la discapacidad no es un hecho aislado sino el resultado de la interacción entre deficiencias y barreras sociales. La sentencia obliga a armonizar la definición local con la Convención internacional.
La Corte pone el foco en el modelo social de la discapacidad
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, declaró la invalidez de la definición de “persona con discapacidad” contenida en la Ley del Estado de Guerrero porque contradecía el modelo social consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En términos prácticos, la Corte señala que la discapacidad surge cuando las deficiencias físicas, sensoriales o mentales se encuentran con barreras económicas, sociales y ambientales que impiden la participación plena e igualitaria.
¿Qué cambia con esta resolución?
La decisión obliga —al menos de manera transitoria— a aplicar la definición federal (Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad) hasta que el Congreso local corrija su norma. Es un triunfo jurídico y simbólico para quienes defienden un enfoque de derechos humanos que pone la responsabilidad en el entorno, no en la persona afectada.
Por qué importa el verbo y por qué importa el entorno
En el proyecto se discutió si palabras como “padecer” estigmatizan. La ministra Esquivel y el análisis propuesto sostienen algo clave: no basta con discutir una palabra aislada; el análisis constitucional debe considerar el texto en su conjunto y su interpretación a la luz de la Convención. Interpretado correctamente, el verbo puede leerse sin connotación deshumanizante y siempre dentro del marco del modelo social. Esa lectura privilegia la inclusión y el diseño de políticas públicas que eliminen barreras.
Mensaje político y social
Esto no es sólo una corrección técnica del lenguaje jurídico: es una afirmación política: el Estado debe garantizar entornos accesibles. La sentida defensa del modelo social por parte de la Corte abre la puerta a mejores políticas de accesibilidad, transporte, educación y empleo para personas con discapacidad.
