- La Cámara de Diputados prepara una reforma para responsabilizar a proveedores de Internet que faciliten, toleren o se beneficien de infracciones a los derechos de autor cometidas por sus usuarios. La propuesta no castiga automáticamente a las empresas por cualquier publicación: establece condiciones específicas y mantiene la figura de “puerto seguro”.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, adelantó que la reforma formará parte de las prioridades del próximo periodo ordinario de sesiones. La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad deberá analizarla y elaborar el dictamen antes de que llegue al pleno.
La iniciativa fue firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 28 de mayo, recibida por la Comisión Permanente el 1 de junio y publicada en la Gaceta Parlamentaria dos días después. Propone reformar el artículo 114 Octies y agregar los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.
¿Qué obligaciones tendrían los proveedores de Internet?
Para conservar la protección legal conocida como “puerto seguro”, las empresas deberán mantener una política pública que contemple terminar el servicio a usuarios reincidentes en violaciones a los derechos de autor.
También tendrán que abstenerse de iniciar la transmisión, seleccionar los materiales o elegir a sus destinatarios. Además, no podrán interferir con medidas tecnológicas estandarizadas que identifiquen o protejan obras registradas.
La reforma no obliga a vigilar indiscriminadamente todo lo que circula en Internet. Tampoco vuelve responsables a las compañías por el simple hecho de que un usuario publique material infractor.
La responsabilidad secundaria entraría en juego cuando el proveedor incumpla las condiciones del “puerto seguro” y, además, contribuya, induzca o provoque la infracción con conocimiento de ella. También aplicaría cuando pueda controlar la conducta y obtenga un beneficio financiero directo.
Multas alcanzarían casi 4.7 millones de pesos
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podría imponer multas de entre 500 y 40 mil Unidades de Medida y Actualización, según la infracción cometida. También se plantea una sanción adicional de entre 100 y 500 UMA para quienes persistan en la conducta.
Con el valor diario de la UMA para 2026, las sanciones irían de 58 mil 655 pesos hasta 4 millones 692 mil 400 pesos.
El cambio busca evitar que una empresa se escude como intermediaria neutral mientras facilita una infracción, conoce su existencia o gana dinero directamente con la difusión ilegal de obras protegidas.
Millones de contenidos infractores fueron retirados
La exposición de motivos cita cifras de la Asociación Protectora de Derechos Intelectuales Fonográficos. Según esos datos, entre 2023 y 2024 las plataformas eliminaron 127 millones 151 mil 955 contenidos infractores; otro corte correspondiente a 2024 y 2025 reportó 72 millones 406 mil 879 retiros.
El Ejecutivo sostiene que los mecanismos de notificación y retiro han permitido combatir infracciones masivas, pero considera necesario reforzar las responsabilidades de los intermediarios que colaboren o lucren con la piratería digital.
Diputados deberán definir límites y garantías
La discusión legislativa tendrá que precisar qué conducta convierte a una persona en infractora reincidente, cómo se impugnará una suspensión y qué procedimiento deberán seguir las empresas antes de cortar un servicio.
También deberá evitar que una denuncia errónea provoque el retiro de material legítimo. Proteger a creadoras, autores e intérpretes no exige convertir Internet en tierra de censura, pero tampoco permitir que las plataformas se laven las manos mientras alguien obtiene ganancias con el trabajo ajeno.
Por ahora, la iniciativa sigue en comisiones y todavía no representa una obligación vigente. Morena busca llevarla al pleno durante el próximo periodo legislativo.
