- La desaparición de poderes es un mecanismo constitucional que permite intervenir ante una crisis institucional que impide el funcionamiento de un gobierno. En México, esta figura se ha aplicado en distintos momentos de su historia y volvió al debate público tras la decisión del Congreso de Oaxaca de desaparecer los poderes municipales de Juchitán de Zaragoza.
La medida no significa que desaparezca el municipio ni que se suspendan sus servicios públicos. Implica sustituir temporalmente a las autoridades correspondientes mediante un procedimiento establecido en la legislación.
La Constitución mexicana contempla dos procedimientos distintos: uno para las autoridades estatales y otro para los ayuntamientos.
En el ámbito municipal, el artículo 115 constitucional establece que las legislaturas estatales pueden suspender ayuntamientos, declarar su desaparición o suspender y revocar el mandato de alguno de sus integrantes.
Para hacerlo, deben contar con el voto de las dos terceras partes de sus miembros y acreditar alguna de las causas graves previstas en la legislación local.
La Constitución también establece que los integrantes del ayuntamiento deben tener oportunidad de presentar pruebas y formular alegatos antes de que se adopte una resolución.
Cuando desaparece un ayuntamiento y no procede que sus suplentes asuman los cargos, el Congreso estatal puede designar un concejo municipal que concluya el periodo correspondiente, conforme a las condiciones previstas por la ley.
La desaparición de poderes municipales no implica eliminar el municipio, modificar sus límites territoriales ni suspender automáticamente los servicios públicos. Su propósito institucional es establecer una nueva autoridad que permita mantener la administración local.
¿Qué ocurrió en Juchitán, Oaxaca?
El 25 de septiembre de 2026, el Congreso de Oaxaca declaró la desaparición de poderes del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, a solicitud del gobernador Salomón Jara Cruz.
La decisión se produjo después de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano y en medio de una crisis de seguridad y gobernabilidad.
Tras la resolución legislativa, el mandatario estatal designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal.
De acuerdo con el Gobierno de Oaxaca, Vásquez Jiménez es originario de Juchitán y cuenta con experiencia en Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos.
El Ejecutivo estatal informó que el nombramiento busca garantizar la continuidad administrativa, fortalecer la seguridad y facilitar una transición institucional en el municipio.
¿Cuándo se ha declarado la desaparición de poderes en México?
La figura tiene antecedentes en el siglo XIX. En 1874, una reforma constitucional que restableció el Senado le otorgó facultades para intervenir cuando desaparecieran los poderes constitucionales de una entidad federativa.
La Constitución de 1917 conservó este mecanismo en su artículo 76, fracción V.
Durante buena parte del siglo XX, la desaparición de poderes también se utilizó en conflictos entre gobiernos estatales y el Ejecutivo federal.
El investigador Harim Benjamín Gutiérrez Márquez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, documentó estos antecedentes en un estudio publicado en la revista Política y Cultura.
Guerrero, 1960-1961: la caída de Raúl Caballero Aburto
Uno de los antecedentes más documentados ocurrió en Guerrero, durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos.
El gobernador Raúl Caballero Aburto enfrentaba un movimiento de oposición que denunciaba corrupción, abusos de autoridad y represión.
La crisis se agravó en diciembre de 1960, cuando el Ejército abrió fuego contra manifestantes en Chilpancingo.
Ante el conflicto, el Senado declaró la desaparición de poderes en enero de 1961. Posteriormente, el gobierno federal impulsó el nombramiento de Arturo Martínez Adame como gobernador provisional.
La medida puso fin a la administración de Caballero Aburto y abrió un proceso de reorganización política en la entidad.
Guerrero, 1975: una nueva intervención federal
Guerrero volvió a registrar una desaparición de poderes durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez.
El 31 de enero de 1975, el Senado declaró desaparecidos los poderes estatales en medio de una crisis política relacionada con la administración del gobernador Israel Nogueda Otero.
La intervención derivó en la sustitución de las autoridades estatales y el nombramiento de un gobierno provisional.
Este episodio ocurrió apenas tres meses antes de otra desaparición de poderes, esta vez en Hidalgo.
Hidalgo, 1975: destituyen al gobernador Otoniel Miranda
El 29 de abril de 1975, el Senado declaró la desaparición de poderes en Hidalgo, cuando Otoniel Miranda llevaba menos de un mes como gobernador.
Su llegada al cargo había sido impulsada por su antecesor, Manuel Sánchez Vite, en un contexto de tensiones políticas con el gobierno federal.
La declaratoria permitió sustituir a las autoridades estatales y nombrar un gobernador provisional.
Investigaciones académicas sobre este episodio documentan la participación de los organismos federales de inteligencia y las disputas entre grupos políticos que precedieron a la intervención.
¿Por qué dejó de utilizarse la desaparición de poderes en los estados?
En diciembre de 1978 se publicó la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 Constitucional, que estableció condiciones específicas para declarar la desaparición de los poderes estatales.
La legislación señala que el Senado puede determinar la desaparición de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial cuando sus titulares incurran en determinadas conductas que afecten el orden constitucional.
Entre los supuestos previstos se encuentran el abandono de funciones, el quebrantamiento de los principios del régimen federal y los conflictos que impidan la plena vigencia del orden jurídico.
La ley también establece el procedimiento para nombrar un gobernador provisional.
Desde la entrada en vigor de esta reglamentación no se ha vuelto a declarar la desaparición de los tres poderes de una entidad federativa.
¿Es lo mismo desaparecer poderes estatales que municipales?
Aunque ambas figuras comparten una denominación similar, sus alcances jurídicos son diferentes.
La desaparición de poderes estatales corresponde al Senado de la República y se encuentra regulada por el artículo 76 constitucional.
La desaparición de un ayuntamiento corresponde al Congreso de la entidad federativa, conforme al artículo 115 constitucional y la legislación estatal.
Por ello, la decisión adoptada en Juchitán no representa la desaparición de los poderes del estado de Oaxaca, sino la sustitución de las autoridades de un municipio.
En el caso de Juchitán, el Gobierno de Oaxaca designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal temporal, mientras continúa el procedimiento de reorganización de la administración local.
