- En medio de la crisis de vivienda que golpea a miles de familias, Cruz Pérez Cuéllar señaló al PAN por poner obstáculos políticos a la construcción de vivienda digna y accesible en Chihuahua.
La postura de Cruz ocurre luego de que desde el Congreso de Chihuahua, el diputado panista Jorge Soto Prieto impulsó un exhorto para pedir al Gobierno federal “responsabilidad, transparencia y rectitud” en la implementación del programa Vivienda para el Bienestar.
El legislador del PAN afirmó que “no se trata de construir más casas, se trata de construir mejores vidas”, y pidió que las viviendas cuenten con agua, drenaje, transporte, escuelas, centros de salud y espacios seguros.
Sin embargo, el debate tomó otro tono porque en Chihuahua se proyecta la construcción de 19 mil 200 viviendas: 13 mil 200 para derechohabientes del Infonavit y 6 mil para personas no derechohabientes, mediante Conavi. El propio reporte legislativo señala que el Gobierno estatal comprometió terrenos en 19 municipios.
La vivienda digna es un derecho constitucional
La Constitución mexicana reconoce que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda adecuada y que la ley debe establecer instrumentos y apoyos para alcanzar ese objetivo.
Además, la Ley de Vivienda establece que sus disposiciones son de orden público e interés social, y que su objetivo es regular la política nacional, programas, instrumentos y apoyos para que toda persona pueda acceder a una vivienda adecuada.
Incluso el Programa Estatal de Vivienda 2022–2027 de Chihuahua reconoce que el Gobierno tiene la obligación de garantizar este derecho, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura.
La inmobiliaria de Maru Campos
La discusión también se cruza con los señalamientos contra la gobernadora panista Maru Campos por su presunta relación con Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, S.A. de C.V.
Una investigación de SinEmbargo reportó que Campos declaró tener 98% de participación en esa empresa, aunque el Registro Público de Comercio no tendría constancia de esa cesión accionaria. El mismo trabajo periodístico señala que dicha inmobiliaria recibió contratos durante su gobierno.
La investigación también vincula a la empresa con propiedades relacionadas con la llamada “Mansión Dorada”, incluida una finca valuada en 26 millones de pesos, además de contratos de arrendamiento por 23 mil 100 pesos y 69 mil 245 pesos con organismos públicos.
El tema escaló hasta la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum planteó que valdría la pena revisar si esos bienes y operaciones fueron declarados correctamente o si existe algún posible conflicto de interés relacionado con acciones del Gobierno de Chihuahua.
