Corte IDH condena a México por la violación, tortura y muerte de Ernestina Ascencio

Redaccion

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  • La Corte IDH condenó a México por la violación, tortura y muerte de Ernestina Ascencio en 2007. Crimen de Estado y encubrimiento.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl de 73 años, ocurrida en 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz.

Comunicado de prensa Corte IDH

Soldados, tortura y un Estado que volteó la cara

La CoIDH acreditó que Ernestina fue violada por elementos del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007, en pleno sexenio de Felipe Calderón y bajo el discurso de la “guerra contra el narco”.

La agresión sexual fue calificada como acto de tortura, por su brutalidad, intencionalidad y el sufrimiento físico y mental provocado. Las lesiones derivadas de esa violencia causaron su muerte. 

Negligencia médica y encubrimiento institucional

La sentencia es demoledora:

México incumplió su deber de brindar atención médica oportuna, cerró la investigación de forma prematura, no agotó líneas clave y negó justicia a la familia.

Todo sin enfoque de género, sin perspectiva indígena y sin considerar que Ernestina era una mujer mayor y monolingüe. Racismo institucional en manual. 

Acceso a la justicia: negado por ser mujer, indígena y pobre

La Corte determinó que el Estado violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, no discriminación, verdad y justicia, tanto de Ernestina como de sus hijas e hijos.

El mensaje fue claro: la justicia en México no fue igual para todos. 

Las órdenes de la Corte: investigar, reparar y reconocer

Como medidas de reparación, la CorteIDH ordenó:

Reabrir la investigación penal, identificar y sancionar a responsables materiales e intelectuales.

Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Atención médica, psicológica y culturalmente adecuada para la familia.

Becas educativas para hijas, hijos y descendientes. Intérpretes en hospitales y fiscalías para personas indígenas.

Pago de indemnizaciones y costas. 

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