- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una revisión integral a los recursos federales transferidos y ejercidos por el gobierno de Samuel García en Nuevo León, con especial atención en contratos de servicios y obra pública.
La propuesta fue impulsada por el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, y busca revisar operaciones financiadas total o parcialmente con aportaciones, subsidios, convenios, reasignaciones y otras transferencias provenientes de la Federación.
El Pleno de la Comisión Permanente aprobó el dictamen durante su sesión del 19 de agosto, después de que la propuesta avanzara previamente en la Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales.
El exhorto plantea que la ASF revise si los recursos federales destinados a Nuevo León se utilizaron para los fines autorizados y si los contratos respetaron los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia y honradez.
La fiscalización deberá poner atención en posibles sobrecostos, pagos improcedentes, incumplimientos contractuales, obras inconclusas, servicios que no puedan acreditarse y desviaciones respecto a los objetivos originalmente contratados.
También se plantea revisar pagos, transferencias, subcontrataciones, intermediarios y relaciones entre empresas proveedoras.
Si la ASF encuentra hechos que puedan constituir responsabilidades administrativas, daños a la Hacienda Pública Federal o posibles delitos, el exhorto solicita que promueva las acciones y denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
ASF ya encontró casi 2 mil mdp pendientes de aclarar
En su fiscalización de las Participaciones Federales a Entidades Federativas de la Cuenta Pública 2024, la ASF revisó una muestra de 49 mil 52 millones de pesos, equivalente al 89.5% de los 54 mil 814 millones transferidos a Nuevo León dentro de ese rubro.
El órgano fiscalizador determinó 1,987 millones de pesos pendientes de aclarar.
De esa cantidad, 1,653 millones correspondieron a importes por aclarar y 333.9 millones a un probable daño a la Hacienda Pública, de acuerdo con el informe de la propia ASF.
Estas cantidades todavía están sujetas al proceso de seguimiento y pueden modificarse conforme el gobierno estatal entregue documentación para solventar las observaciones.
La auditoría generó dos solicitudes de aclaración, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y dos pliegos de observaciones.
La conclusión de la ASF fue que el gobierno de Nuevo León “no realizó una gestión eficiente” de las Participaciones Federales a Entidades Federativas correspondientes a 2024.
ASF detectó empresas vinculadas compitiendo por contratos
Al revisar una muestra de expedientes de adquisiciones y servicios, la ASF detectó seis procedimientos en los que las empresas participantes y ganadoras estaban vinculadas entre sí, pese a que la legislación obliga a los servidores públicos a abstenerse de recibir propuestas de compañías relacionadas por socios, representantes o apoderados comunes dentro del mismo proceso.
Los contratos señalados correspondían, entre otros, al Hospital Universitario y a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
La documentación entregada posteriormente por el gobierno estatal no fue suficiente para solventar esas observaciones, por lo que la ASF promovió investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y empresas participantes.
En otro procedimiento, el órgano fiscalizador encontró que una empresa que obtuvo un contrato en 2024 se encontraba inhabilitada durante tres años y cinco meses por la entonces Secretaría de la Función Pública.
También hay observaciones por más de 333 mdp de probable daño
Entre los dos pliegos de observaciones incluidos en esa auditoría aparece un probable daño por 223.3 millones de pesos y otro por 110.5 millones, que en conjunto suman aproximadamente 333.9 millones.
En el segundo caso, la ASF señaló que el gobierno estatal no presentó documentación de cierre administrativo de dos contratos de obra ejecutados por la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, incluidos documentos como actas de entrega-recepción y finiquito.
Estos hallazgos son observaciones sujetas a aclaración y seguimiento por parte de las autoridades fiscalizadoras.
El exhorto aprobado esta semana forma parte de una ofensiva de fiscalización que comenzó desde julio. El 23 de julio, Ramírez Cuéllar acompañó a Andrés Mijes, alcalde con licencia de Escobedo, a presentar ante la ASF una solicitud para revisar obras de la administración estatal.
El diputado morenista cuestionó entonces el estado de proyectos como las obras del Metro, la Carretera Interserrana y la Presa Libertad, y aseguró que Nuevo León había recibido recursos extraordinarios de la Federación sin que distintas obras estuvieran concluidas.
