- Autoridades federales y mexiquenses desmantelaron una presunta organización dedicada a extorsionar mediante la suplantación de identidad de funcionarios públicos. La red era encabezada, según las investigaciones, por Luis Miranda Contreras, exsecretario de Finanzas durante el gobierno priista de Fausto Vallejo en Michoacán.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la organización utilizaba nombres de altos funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), gobernadores y presidentes municipales para contactar a sus víctimas y solicitarles dinero mediante engaños.
Luis Miranda Contreras fue detenido y procesado en Michoacán por el delito de peculado por millones de pesos, de acuerdo con información del gobierno federal citada por La Jornada.
Las investigaciones señalan que la organización operaba desde distintos puntos y utilizaba identidades de personajes públicos para generar confianza entre sus víctimas.
Entre los funcionarios cuya identidad habría sido suplantada figuran la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el exsecretario de Gobernación, Horacio Duarte, entre otros.
Así operaba la presunta red de extorsión
De acuerdo con las autoridades, los integrantes de la organización contactaban a políticos, funcionarios públicos y empresarios mediante mensajes de texto o llamadas telefónicas.
Durante las conversaciones, los presuntos responsables se hacían pasar por secretarios particulares de funcionarios de alto nivel y ofrecían beneficios económicos o laborales.
Posteriormente, solicitaban dinero a cambio de realizar supuestas gestiones político-administrativas ante dependencias federales y estatales.
La organización también utilizaba herramientas de inteligencia artificial para imitar las voces de funcionarios públicos y reforzar los engaños.
Autoridades investigan participación de familiares y otros operadores
Las investigaciones también identificaron a familiares y presuntos colaboradores de Luis Miranda Contreras dentro de la organización.
Las autoridades continúan con las indagatorias para establecer las responsabilidades individuales de los involucrados y determinar el alcance de las operaciones.
El caso forma parte de las investigaciones contra redes de extorsión que utilizan identidades de servidores públicos y herramientas tecnológicas para obtener recursos económicos de manera ilícita.
