- Tres cooperativas formalizadas ante el Instituto Nacional de la Economía Social, encabezado por Catalina Monreal, recibieron adjudicaciones directas de dependencias federales pocas semanas después de su creación.
Los contratos existen y alcanzan decenas de millones de pesos. Los trabajadores aseguran que no controlan las cuentas ni conocen el manejo del dinero de sus propias cooperativas.
La investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó tres sociedades dedicadas a servicios de limpieza: Dehe Sak Agua Limpia, Juntos por la Limpieza y el Bienestar y Bienestar de Limpieza y Buen Servicio.
Dehe Sak Agua Limpia quedó constituida el 27 de enero de 2026 ante el INAES. El 31 de marzo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno le notificó una adjudicación directa para realizar labores de aseo, con un monto mínimo de 20.2 millones y un máximo de 50 millones 559 mil 969 pesos.
Bienestar de Limpieza y Buen Servicio fue formalizada el 18 de febrero. Menos de dos meses después, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le asignó el contrato STPS-AD-009-2026, con un monto mínimo de 8 millones y un máximo de 20 millones 247 mil 878 pesos.
Por su parte, Juntos por la Limpieza y el Bienestar recibió el 31 de marzo una adjudicación del Sistema Nacional DIF. El documento establece un monto máximo de 5 millones 140 mil 541 pesos, por un servicio con vigencia hasta el 31 de julio de 2026.
Las adjudicaciones no las realizó Catalina Monreal directamente. Las dependencias contratantes fueron Buen Gobierno, la Secretaría del Trabajo y el DIF; el INAES participó en la formalización, certificación y acompañamiento de las cooperativas.
La cifra de 76 millones presenta inconsistencias
MCCI reportó un monto conjunto de 76 millones 218 mil 388 pesos. Su cuadro atribuye 5 millones 410 mil 541 pesos a Juntos por la Limpieza, pero la notificación oficial del DIF establece un máximo de 5 millones 140 mil 541 pesos.
Además, el mismo reportaje señala posteriormente que esa cooperativa recibió dos contratos —uno del DIF y otro relacionado con Hacienda— por aproximadamente 10 millones 465 mil pesos. Es decir, el cuadro, el texto y los documentos anexos no ofrecen una suma plenamente conciliada.
Los tres montos máximos comprobables en los documentos exhibidos suman alrededor de 75 millones 948 mil pesos. Para establecer el total definitivo, las autoridades deben identificar todos los contratos, sus números de expediente, cantidades ejercidas y posibles convenios modificatorios.
Estudio de mercado comparó a las mismas cooperativas nuevas
Otro punto cuestionado aparece en la investigación de mercado elaborada por la Secretaría Anticorrupción el 27 de marzo, cuatro días antes de entregar el contrato a Dehe Sak.
El documento identificó como potenciales proveedores precisamente a Dehe Sak, Juntos por la Limpieza y Bienestar de Limpieza: las tres cooperativas creadas semanas antes dentro del mismo proyecto promovido por el INAES.
Esto no acredita automáticamente una simulación, pero sí obliga a explicar cómo se obtuvieron las cotizaciones, qué experiencia técnica acreditó cada sociedad y por qué no se consideraron otras cooperativas o proveedores.
La Ley de Adquisiciones vigente ordena fomentar la participación de cooperativas certificadas por el INAES. Incluso establece que, cuando existan condiciones equivalentes, las dependencias podrán preferir organismos del sector social en determinados procedimientos de contratación.
La misma legislación permite adjudicaciones directas bajo supuestos específicos, siempre que estén justificadas, no se fraccionen operaciones y se respeten los límites presupuestales y obligaciones de transparencia. Por eso, entregar un contrato sin licitación no demuestra por sí mismo una irregularidad.
El Gobierno federal presentó esta estrategia como una vía para que antiguos trabajadores de empresas privadas de limpieza se conviertan en integrantes de organizaciones propias, accedan a mejores condiciones laborales y participen directamente como proveedores del Estado.
Socios denuncian que INAES controla el dinero
La acusación más grave no se encuentra en la creación rápida de las cooperativas, sino en su presunta falta de autonomía.
Trabajadores entrevistados por MCCI aseguraron que personal del INAES conserva la firma electrónica, administra las cuentas bancarias, paga las nóminas y firma documentos sin entregarles estados de cuenta o comprobantes.
En una llamada documentada por el medio, una trabajadora del Instituto reconoció que su equipo llevaba temporalmente la administración y afirmó que esperaba entregar el control a los cooperativistas en aproximadamente año y medio. El INAES lo describió como un proceso de acompañamiento, mientras los socios consultados dijeron sentirse nuevamente como empleados y no como dueños de las organizaciones.
Estas afirmaciones provienen de testimonios y grabaciones presentados por MCCI. Hasta ahora no existe una resolución administrativa o judicial que determine responsabilidades contra Catalina Monreal o funcionarios del Instituto.
INAES no respondió antes de publicarse la investigación
MCCI informó que buscó una postura de Catalina Monreal y de la Coordinación General de Finanzas Populares, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de su publicación.
El INAES debe transparentar quién posee las firmas electrónicas, bajo qué instrumento administra las cuentas, cómo se ejercieron los préstamos de Financiera para el Bienestar y cuándo asumirán los socios el control efectivo.
