- Un cruce documental realizado por Subjetivo vincula a FDL con dos auditorios que acumularon irregularidades. En Edomex, el gobierno reclamó vicios ocultos; en Quintana Roo, la ASF encontró una obra terminada que no operaba ni había sido entregada.
La constructora FDL, una de las responsables del Auditorio Metropolitano de Tecámac inaugurado por Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila, también fue contratada por el gobierno de Roberto Borge para construir el Auditorio del Bienestar de Cancún. Subjetivo identificó esta conexión al cruzar contratos y auditorías de ambos proyectos, cuyos expedientes documentan problemas de construcción, entrega y funcionamiento.
En Tecámac, la obra fue presentada como una inversión de 734 millones de pesos para acercar espectáculos y actividades culturales al oriente del Estado de México. Detrás de la inauguración del 10 de marzo de 2017 quedaron modificaciones al contrato, señalamientos de supervisión deficiente y un requerimiento oficial a las constructoras para corregir defectos.
La misma constructora, dos auditorios cuestionados
FDL participó en la construcción del recinto mexiquense asociada con Productos y Estructuras de Concreto, mediante el contrato OP-15-0194, firmado el 17 de abril de 2015 por el gobierno estatal.
La conexión con Cancún aparece en EL CONTRATO CEE-OP-026/14, del 30 de julio de 2014, por 244.76 millones de pesos, otorgado a FDL durante la administración de Roberto Borge. La auditoría 949 de la Cuenta Pública 2014 documentó que el Auditorio del Bienestar estaba terminado, pero no operaba ni había sido entregado. También mantuvo observaciones por la acreditación de licencias y permisos, incluida la autorización ambiental.
El documento más contundente sobre las fallas del auditorio mexiquense proviene del propio gobierno estatal. En un edicto fechado el 4 de septiembre de 2020, la Secretaría de Obra Pública notificó a FDL y a Productos y Estructuras de Concreto la existencia de defectos, vicios ocultos y otras responsabilidades atribuibles a las empresas.
El requerimiento incluyó fachadas de cristal, terrazas, talud y muro de contención. También identificó columnas y trabes cuyo diseño y construcción incumplían la normativa, además de pendientes en cubierta, estructura, muro móvil, pantallas y equipos eléctricos.
Las empresas recibieron un plazo de 30 días para corregir, contado desde que surtiera efectos la notificación. La autoridad advirtió que haría efectiva la garantía por vicios ocultos y se reservó el derecho de exigir las cantidades que esta no cubriera.
Antes de ese reclamo, la ASF ya había cuestionado la planeación de la obra. Su auditoría 852 de la Cuenta Pública 2015 registró que el contrato principal pasó de 430.071 millones a 600 millones de pesos, un incremento de 39.5%. El plazo aumentó de 307 a 553 días: 80.1% más.
Las autoridades justificaron las modificaciones por adecuaciones de aforo, predio y normativa. La revisión mantuvo sus cuestionamientos sobre la planeación. Estos montos corresponden al contrato principal y deben distinguirse de los 734 millones anunciados como inversión global: falta una conciliación completa de contratos, impuestos, convenios, estimaciones y finiquitos para establecer el gasto final del proyecto.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México también documentó problemas. En su revisión de 2016 señaló supervisión ineficaz, control deficiente de la ejecución y del expediente, así como ausencia de evidencia de inspecciones del órgano interno de control.
La supervisión del edificio fue contratada con JF Construcciones y Proyectos, por un importe inicial de 17.8 millones de pesos.
Contratistas con cientos de millones en obra pública
Las empresas involucradas tenían antecedentes en la contratación pública. Los índices históricos consultados registran 19 contratos por 400.8 millones de pesos para FDL entre 2003 y 2016. Para Productos y Estructuras de Concreto, uno de los registros identifica 45 contratos por aproximadamente 3 mil 52 millones de pesos entre 2011 y 2015.
Para Calla Ingeniería, encargada del acceso al auditorio, Subjetivo identificó al menos cinco contratos durante el gobierno de Eruviel que sumaron 188.48 millones de pesos. Para JF Construcciones y Proyectos, encontró dos adjudicaciones de supervisión —el auditorio de Tecámac y una unidad deportiva en Atlacomulco— por un importe inicial conjunto de 20.24 millones de pesos.
La revisión también encontró adjudicaciones posteriores a 2018. Calla obtuvo contratos con la Ciudad de México en 2020, incluidos trabajos de señalización horizontal por 18.37 millones de pesos con IVA, además de banquetas y Sendero Seguro en Tlalpan-Periférico. En 2026 aparece en registros de adjudicaciones de CAPUFE por aproximadamente 34 millones de pesos, para trabajos en las autopistas Cuernavaca-Acapulco y La Pera-Cuautla.
JF figura con una adjudicación de la Fiscalía General de la República en 2024 por 10.75 millones de pesos, para trabajos en inmuebles de fiscalías federales de Baja California y Baja California Sur.
Los reportes sobre la falta de operación aparecieron desde noviembre de 2017, meses después de la ceremonia encabezada por Peña y Eruviel. El gobierno de Alfredo del Mazo negó entonces una clausura formal y daños estructurales, y sostuvo que continuaban los trabajos.
Esa respuesta debe distinguirse del requerimiento de 2020: el propio gobierno estatal documentó posteriormente defectos y reclamó su corrección a las constructoras.
La revisión de Subjetivo también encontró que las tres acciones específicas de la ASF rastreadas sobre el auditorio aparecían con seguimiento concluido, con corte del sistema al 29 de octubre de 2026. Ese estatus no explica por sí solo si hubo aclaraciones, reintegros o sanciones.
Otra parte del proyecto derivó en una resolución judicial. El acceso al auditorio fue contratado con Calla Ingeniería por 99.27 millones de pesos y, en junio de 2021, el Tribunal de Justicia Administrativa estatal determinó responsabilidades de servidores públicos por omitir retenciones del 2% en estimaciones pagadas.
El Plan Municipal de Desarrollo de Tecámac 2025-2027 señala que el inmueble carece de condiciones para funcionar. Mientras tanto, distintas propuestas han planteado aprovecharlo como espacio educativo, incluida su conversión en una unidad del Instituto Politécnico Nacional.
Al corte de esta investigación, el 11 de noviembre de 2026, no se había localizado un proyecto definitivo que reuniera diagnóstico técnico vigente, presupuesto de rehabilitación, institución receptora y calendario de apertura.
