- Teresa Jiménez firmó el contrato con Next Energy como alcaldesa y siguió generando efectos presupuestales cuando ella ya ocupaba la gubernatura. Un documento interno del Gobierno del Estado (Dictamen de la Comisión Intersecretarial del Estado de Aguascalientes) fechado el 20 de agosto de 2024, autorizó al Gobierno estatal, por conducto de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, a adherirse a la reestructura del contrato PPS 002/2019.
- No es sólo Next Energy. En los documentos aparece una estructura recurrente: contratos APP, fideicomisos, participaciones federales, ingresos municipales, dictámenes estatales y obligaciones de largo plazo. El proyecto se vendió como energía limpia; los documentos muestran un compromiso financiero que llega hasta 2050 y que sigue apareciendo en el presupuesto pese a observaciones oficiales.
El Municipio de Aguascalientes incluyó en su Presupuesto de Egresos 2026 una asignación de 476 millones 283 mil 602 pesos para el Programa de Eficiencia Energética, vinculado al contrato PPS 002/2019 con Next Energy del Centro, S. de R.L. de C.V.. La partida aparece pese a que el proyecto ha sido observado por la Auditoría Superior de la Federación, señalado en una denuncia presentada ante la FGR por Nora Ruvalcaba Gámez contra María Teresa Jiménez Esquivel y otros actores, y cuestionado por presuntos incumplimientos técnicos, falta de operación e inconsistencias en el destino de recursos públicos.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2026, el programa aparece como una Asociación Público-Privada con contrato vigente, fecha de vencimiento al 31 de marzo de 2050, inversión pactada por 3 mil 369 millones 350 mil 878 pesos, y fuente de pago de hasta 26% del Fondo General de Participaciones y 15.7% de ingresos locales del municipio.
La asignación presupuestal se divide en dos componentes: 167 millones 899 mil 120 pesos a través de la Secretaría de Servicios Públicos y 308 millones 020 mil 990 pesos mediante CCAPAMA, ambos relacionados con el Programa de Eficiencia Energética y su convenio modificatorio. En conjunto, el presupuesto municipal contempla más de 476 millones de pesos para un proyecto que, según documentos revisados por Subjetivo, enfrenta cuestionamientos técnicos, financieros y legales.
El contrato PPS 002/2019 no llegó limpió a 2026. La Auditoría Superior de la Federación observó en la Cuenta Pública 2021 pagos por 132 millones 424 mil 497.72 pesos realizados sin que los trabajos y servicios objeto del contrato hubieran iniciado. La ASF también señaló que el municipio no presentó evidencia de rescisión ni de aplicación de penas convencionales, y que el pago fue registrado como consumo de energía eléctrica aun cuando no se acreditó la prestación del servicio.
En esa misma auditoría, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control del Municipio investigara a servidores públicos que no supervisaron el cumplimiento del contrato PPS 002/2019. Además, determinó 222 millones 477 mil 097.68 pesos pendientes por aclarar.
El caso también escaló a la vía penal. En la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, Nora Ruvalcaba Gámez señaló a María Teresa Jiménez Esquivel, entonces candidata y exalcaldesa de Aguascalientes, junto con Jesús Everardo Martínez Lozano, Next Energy del Centro, Marko Cortés Mendoza y Jovita Morín Flores, por hechos relacionados con contratos públicos de energía y alumbrado. La denuncia no constituye una determinación de responsabilidad, pero sí acredita que la FGR recibió desde 2022 un expediente con nombres, contratos y señalamientos sobre posibles irregularidades.
La narrativa oficial presentó el proyecto como una solución de eficiencia energética. Los documentos revisados muestran otra secuencia: pagos observados por la ASF, recursos pendientes por aclarar, una denuncia ante la FGR, un juicio mercantil de rescisión y, aun así, una asignación presupuestal de 476 millones de pesos en 2026 para el mismo programa.
El presupuesto municipal no habla de sospechas: habla de dinero. Y ese dinero mantiene vivo, al menos en la planeación financiera de 2026, un contrato que ha sido cuestionado por falta de evidencia de servicio, por ausencia de rescisión oportuna y por comprometer recursos públicos de largo plazo.
