- El primer gobernador panista de Baja California fue detenido por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible. La investigación alcanza a Ingemar, empresa de la que era accionista y directivo. Ruffo niega haber participado en operaciones ilegales y conserva la presunción de inocencia.
Ernesto Ruffo Appel pasó de representar una de las victorias más importantes de Acción Nacional contra el antiguo régimen priista a permanecer bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, acusado por la Fiscalía General de la República de participar presuntamente en una red dedicada al contrabando de combustibles.
El exgobernador de Baja California fue detenido el 16 de julio en Ensenada mediante una orden de aprehensión obtenida por el Ministerio Público Federal. La FGR le atribuye la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando, dentro de una investigación relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de hidrocarburos.
El hombre con el que el PAN hizo historia
Nacido el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, pero de nacionalidad mexicana, Ruffo estudió Administración de Empresas y desarrolló parte de su trayectoria inicial dentro del sector pesquero y empresarial de Ensenada. Posteriormente ingresó a la política bajo las siglas del PAN.
Fue presidente municipal de Ensenada entre 1986 y 1989. Ese último año ganó la gubernatura de Baja California y se convirtió en el primer mandatario estatal emanado de un partido diferente al PRI desde la consolidación del sistema político posrevolucionario.
Ruffo gobernó Baja California de 1989 a 1995. Su triunfo fue utilizado durante décadas por Acción Nacional como una prueba de que era posible derrotar electoralmente al PRI y abrir paso a la alternancia política.
Después de dejar la gubernatura regresó a sus actividades empresariales, pero mantuvo presencia dentro del panismo. Durante el gobierno de Vicente Fox se desempeñó como comisionado para asuntos de la frontera norte; posteriormente fue senador por Baja California entre 2012 y 2018 y diputado federal durante la LXIV Legislatura, de 2018 a 2021.
Durante su administración también ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio, perpetrado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. El hecho forma parte del contexto histórico de su gobierno, pero no existe una acusación judicial que responsabilice a Ruffo por ese crimen. El propio exgobernador declaró años después que recibió señalamientos políticos tras el magnicidio y respaldó la apertura de los archivos relacionados con el caso.
Ingemar, la empresa en el centro del caso
La investigación actual se concentra en Ingemar, S.A. de C.V., empresa constituida en 2018. Ruffo no fue su fundador original: se incorporó en 2021 como accionista y secretario del consejo de administración.
La compañía obtuvo permisos para operar como importadora de combustibles, es decir, como intermediaria entre proveedores extranjeros y comercializadoras mexicanas. Ruffo reconoció públicamente su participación empresarial cuando el nombre de Ingemar comenzó a aparecer en las investigaciones por huachicol fiscal.
El punto de partida del expediente fue un operativo realizado en julio de 2025 en Coahuila. Las autoridades aseguraron aproximadamente 15.4 millones de litros de gasolina y diésel almacenados en 129 carrotanques ferroviarios, uno de los decomisos de combustible más grandes registrados durante la actual administración.
Las indagatorias identificaron la participación de Ingemar como importadora del producto. También fueron mencionadas la empresa estadounidense Belar Fuels y las compañías mexicanas Crismón Hidrocarburos y Derivados —citada en algunos reportes como Crimson—, Lambrucar e Industriales Fundentes.
Según la hipótesis ministerial, los responsables introducían combustible desde Estados Unidos mediante declaraciones falsas o incompletas. Una de las modalidades consistía en reportar que los ferrotanques transportaban cantidades menores a las reales; otra era declarar gasolina o diésel como desperdicios, aceite quemado u otros productos para evadir impuestos.
Una red de más de 800 millones de litros
Una investigación de El País, elaborada con registros comerciales, aduanales y documentos relacionados con el expediente, calculó que la red habría movilizado más de 800 millones de litros de combustible ilegal desde Estados Unidos durante aproximadamente 15 meses.
De ese volumen, alrededor de 640 millones de litros habrían ingresado mediante casi 7 mil 200 operaciones ferroviarias, principalmente por la aduana de Nuevo Laredo. Otros 146 millones habrían sido transportados por carretera a través de casi 5 mil camiones cisterna, principalmente por Ciudad Camargo, Tamaulipas. El posible daño fiscal fue estimado en por lo menos 5 mil 400 millones de pesos.
El mismo reporte sostiene que Ingemar y Crismón no eran compañías completamente ajenas entre sí, como había señalado Ruffo. Ambas compartían vínculos empresariales a través de José Luis Rangel Martínez, administrador de Ingemar y relacionado con los órganos internos de Crismón.
La Unidad de Inteligencia Financiera también habría detectado que una parte importante de los recursos recibidos por Ingemar provenía de Crismón y era canalizada posteriormente hacia compañías extranjeras, movimientos que las autoridades analizan como posibles operaciones de triangulación. Estos elementos forman parte de la acusación y todavía deberán ser debatidos y acreditados ante un juez.
Ruffo niega conocer el contrabando
Desde que comenzó la investigación, Ruffo ha rechazado que Ingemar participara conscientemente en una operación ilegal. Su argumento es que la compañía únicamente gestionaba documentos y permisos de importación con base en la información proporcionada por vendedores y compradores.
También afirmó que los ferrotanques no pertenecían a Ingemar y que correspondía a los agentes aduanales revisar físicamente la carga y comprobar si el volumen transportado coincidía con el declarado.
El exgobernador sostuvo que su empresa sólo podía responder por el combustible amparado en sus documentos y no por la totalidad de los más de 15 millones de litros decomisados en Coahuila. Estas afirmaciones forman parte de su defensa y deberán contrastarse con los datos presentados por la Fiscalía.
Prisión preventiva y audiencia privada
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada presentó cerca de un centenar de datos de prueba y formuló imputaciones contra Ruffo y otros detenidos.
Una jueza ordenó prisión preventiva para el exgobernador, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez. Los cinco fueron enviados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano.
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para responder a las acusaciones. La continuación de la audiencia se realizó a puerta cerrada, debido a que la Fiscalía argumentó que se presentarían datos sobre personas que todavía no han sido detenidas.
Al cierre de esta nota, se encontraba pendiente la resolución definitiva sobre la vinculación a proceso. La prisión preventiva es una medida cautelar y no equivale a una sentencia condenatoria.
El PAN cierra filas
Acción Nacional exigió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia de Ruffo. El partido aseguró que confía en que su exgobernador aclarará los señalamientos, pero también acusó al Gobierno federal de aplicar criterios diferentes dependiendo de la filiación política de las personas investigadas.
Felipe Calderón también salió públicamente en defensa de Ruffo. La postura generó cuestionamientos porque en 2017 el expresidente difundió una publicación que acusaba al exgobernador de haber permitido el avance del Cártel de los Arellano Félix en Baja California, en medio de una disputa interna por el control del PAN.
Aquella acusación política nunca se tradujo en una resolución judicial contra Ruffo. Sin embargo, su reaparición exhibió el contraste entre la confrontación que ambos personajes mantuvieron dentro del panismo y la defensa impulsada por Calderón después de la detención.
Del símbolo de la alternancia al banquillo
Durante más de tres décadas, Ernesto Ruffo fue presentado como una de las figuras fundacionales del poder panista: el empresario que derrotó al PRI, gobernó Baja California y abrió el camino para que Vicente Fox llegara a la Presidencia en el año 2000.
Ahora enfrenta una de las investigaciones federales más graves abiertas contra un personaje histórico de Acción Nacional. La Fiscalía deberá acreditar que el exgobernador conoció, permitió o participó activamente en las operaciones investigadas; su defensa intentará demostrar que su intervención se limitó a actividades administrativas y empresariales legales.
