- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) endureció las reglas para impedir que empresas mineras exploren o exploten minerales dentro de áreas naturales protegidas sin contar previamente con autorización de impacto ambiental.
El nuevo acuerdo alcanza las 232 reservas federales del país y deja claro que una concesión minera, por antigua que sea, no funciona como pase libre para intervenir bosques, selvas, humedales o ecosistemas protegidos.
El acuerdo, publicado el 20 de julio en el Diario Oficial de la Federación y vigente desde el día siguiente, establece nuevas directrices para atender trámites relacionados con la exploración, explotación y beneficio de minerales dentro de áreas naturales protegidas federales.
Las empresas tendrán que obtener una autorización de impacto ambiental antes de comenzar cualquier trabajo. Esta obligación también alcanza a quienes recibieron concesiones antes del 9 de mayo de 2023, fecha en que entraron en vigor las reformas a la Ley Minera.
Semarnat subrayó que la autorización ambiental constituye un procedimiento independiente de la concesión minera.
Cuando alguna oficina de Semarnat reciba una solicitud vinculada con actividades mineras, deberá informar inmediatamente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
La Comisión elaborará un informe técnico vinculante para determinar si las obras podrían afectar una o varias zonas protegidas. Además, la persona titular de la Conanp vigilará el cumplimiento de las restricciones ambientales.
Con este mecanismo, las empresas ya no podrán dejar fuera de la evaluación a la autoridad encargada de conservar los ecosistemas. El dictamen ambiental tendrá peso real dentro de la decisión.
Los funcionarios de Semarnat también deberán comprobar que los concesionarios apliquen programas de restauración ambiental antes, durante y después de las actividades mineras.
El acuerdo impide autorizar la disposición final de residuos mineros y metalúrgicos dentro de áreas protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, debido a los riesgos que representan para el ambiente y la salud de las comunidades.
México cuenta actualmente con 232 áreas naturales protegidas federales que abarcan alrededor de 98 millones de hectáreas. Junto con las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, el territorio bajo algún esquema de protección supera los 99 millones de hectáreas.
