- La Presidenta Claudia Sheinbaum firmó una iniciativa para homologar en las 32 entidades la investigación, sanción y reparación del daño por feminicidio. La propuesta contempla penas de hasta 70 años de prisión, protocolos obligatorios y atención integral para víctimas indirectas.
El proyecto será enviado al Congreso de la Unión para discutirse en el periodo legislativo que comienza en septiembre. Por ahora se trata de una iniciativa, sus disposiciones entrarán en vigor si las aprueban ambas cámaras y se publican en el Diario Oficial de la Federación.
Durante la Mañanera del Pueblo, el Gobierno federal presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la que busca terminar con las diferencias que existen entre los códigos penales estatales.
Actualmente, las entidades regulan de manera distinta las razones de género, agravantes, sanciones y procedimientos de investigación. Esta fragmentación ha provocado clasificaciones incorrectas, pérdida de indicios y casos de feminicidio registrados simplemente como homicidios.
La propuesta establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Además, define diez supuestos para acreditarlas, entre ellos la existencia de violencia sexual, antecedentes de agresiones, prejuicios contra la víctima y relaciones marcadas por una asimetría de poder.
Feminicidas enfrentarían hasta 70 años de prisión
La iniciativa fija una sanción nacional de 50 a 70 años de cárcel. También castiga la tentativa con una pena equivalente a entre la mitad y las dos terceras partes de la condena correspondiente al delito consumado.
El proyecto incorpora 19 agravantes que permitirían elevar el castigo cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, esté embarazada o viva con alguna discapacidad.
También contempla sanciones mayores cuando la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante; cuando participe un servidor público, o cuando el agresor utilice ácido, sustancias inflamables u otros agentes químicos.
El feminicida perdería derechos sucesorios, tutela, guardia, custodia y patria potestad. Los servidores públicos involucrados podrían ser destituidos e inhabilitados.
La propuesta plantea, además, que el delito, la sanción y la reparación integral del daño sean imprescriptibles. Tampoco permitiría criterios de oportunidad, conmutación de la pena, libertad condicionada ni amnistía.
Fiscalías deberán aplicar protocolos homologados
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojórquez Beltrán, explicó que todas las fiscalías deberán investigar bajo protocolos especializados y obligatorios.
Las indagatorias deberán incorporar perspectiva de género, análisis del contexto de violencia, protección adecuada de indicios y coordinación entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Además, las fiscalías federal y estatales deberán contar con unidades especializadas y personal ministerial, policial y pericial capacitado. La autoridad que inicie una investigación tendrá que acompañar el caso durante todas las etapas del procedimiento, evitando que la víctima o su familia recorran oficinas sin obtener respuestas.
Ley protegerá a víctimas y menores en orfandad
La iniciativa reconoce el derecho de las víctimas a conocer la verdad, recibir asesoría jurídica gratuita y acceder a atención médica y psicológica de emergencia.
También ordena brindar acompañamiento integral a niñas, niños y adolescentes que queden en orfandad por el feminicidio de sus madres, así como servicios de traducción e interpretación para comunidades indígenas.
La reparación del daño deberá ser rápida, proporcional, efectiva y transformadora. También se garantizará la restitución digna del cuerpo a las familias, con asistencia institucional y respeto a sus derechos.
El proyecto crea el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, una herramienta para identificar cuántos menores se encuentran en esa situación, dónde viven y qué protección necesitan. El DIF Nacional ya instaló una mesa interinstitucional para desarrollar el registro, mientras el programa federal contra la violencia hacia las mujeres contempla formalmente su creación.
El Congreso aprobó previamente una reforma al artículo 73 constitucional para facultar a la Federación a expedir una ley general en materia de feminicidio. El decreto se publicó el 6 de mayo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación.
