- La diputada federal de Morena, Maiella Gómez Maldonado, propuso cerrar el paso al llamado halconeo, una práctica usada por grupos criminales para vigilar operativos, alertar movimientos de seguridad y facilitar fugas.
La iniciativa plantea sanciones de hasta 18 años de prisión cuando participen policías, militares, integrantes de la Guardia Nacional o operadores de transporte usados para informar a la delincuencia organizada.
La bancada de Morena puso sobre la mesa una iniciativa para castigar con mayor fuerza a quienes entreguen información estratégica a grupos criminales sobre la ubicación, desplazamientos, rutas, operativos o acciones tácticas de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y otras instituciones federales de seguridad.
La propuesta fue presentada por la diputada federal Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, legisladora de Morena por Puebla, de acuerdo con el registro del Sistema de Información Legislativa de Gobernación.
El objetivo es tipificar esta conducta como “obstrucción de funciones de seguridad pública”, para sancionar a quienes, con la finalidad de favorecer a integrantes de la delincuencia organizada, transmitan información operativa de manera física o virtual.
Hasta 18 años de prisión para halcones ligados a corporaciones
La iniciativa plantea una pena base de tres a seis años de prisión y multas que podrían llegar hasta los 105 mil pesos para quienes proporcionen información sobre operativos de seguridad.
Sin embargo, el castigo subiría hasta 12 años de cárcel cuando la información entregada sea reservada y la persona responsable tenga la obligación de protegerla.
El punto más fuerte de la propuesta está en los agravantes: se castigaría hasta con 18 años de prisión a quienes participen como halcones y, al mismo tiempo, formen parte de alguna corporación policial, de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional.
La sanción también alcanzaría ese rango cuando el delito sea cometido por conductores u operadores de transporte público terrestre de pasajeros, embarcaciones marítimas o aeronaves.
El vacío legal federal sobre el halconeo
Gómez Maldonado argumentó que actualmente los cárteles operan redes sofisticadas de vigilancia en zonas urbanas, rurales y vías de comunicación, con el objetivo de monitorear la presencia y acciones de los cuerpos de seguridad.
La legisladora sostuvo que estas redes permiten a los grupos criminales anticiparse a operativos, mover integrantes, evitar detenciones y proteger sus rutas.
Aunque varios estados han incorporado el delito de halconeo o figuras similares en sus códigos penales, a nivel federal no existe una tipificación específica con ese nombre. De hecho, el Código Penal Federal vigente no contempla expresamente el delito de halconeo como tal.
Castigar al crimen sin tocar al periodismo
La propuesta también llega con un antecedente jurídico importante. La Suprema Corte ha revisado en distintos momentos delitos locales de halconeo y ha invalidado normas cuando su redacción resultó demasiado amplia o pudo afectar derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información.
En 2015, la Corte invalidó el artículo 133 quinquies del Código Penal de Michoacán, relacionado con halconeo, al considerar problemas de taxatividad y afectaciones al derecho a la información y libertad de expresión.
Más recientemente, en la acción de inconstitucionalidad 61/2025, la SCJN declaró inválida una fracción del Código Penal de Sinaloa porque no dejaba claro que sólo buscaba castigar conductas propiamente vinculadas al halconeo, y podía abrir margen para afectar actividades legítimas como documentar hechos de seguridad pública.
La propuesta se inscribe en la estrategia de seguridad del Gobierno de México, que plantea cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación, y coordinación con entidades federativas.
