- El Gobierno de México anunció seis acciones coordinadas entre dependencias federales para acelerar inversiones estratégicas dentro del Plan México.
- La ruta incluye proyectos de energía, vías, trámites sanitarios, facilidades fiscales y acompañamiento institucional para dar certeza a quienes inviertan en el país.
El Gobierno de México anunció una nueva ruta para acelerar proyectos de inversión dentro del Plan México, una de las apuestas centrales de la administración de Claudia Sheinbaum para fortalecer la economía nacional, atraer capital productivo y elevar la capacidad energética del país.
De acuerdo con la información publicada por Reforma, la estrategia contempla seis acciones coordinadas entre distintas dependencias federales, con el objetivo de eliminar trabas burocráticas, agilizar permisos y dar mayor certidumbre a proyectos estratégicos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum firmó decretos ante funcionarios y empresarios para avanzar en la Autorización Inmediata de Inversiones, una señal política y económica relevante: el gobierno busca que invertir en México sea más rápido, más claro y más ordenado.
Energía renovable, prioridad del gobierno federal
Una de las primeras acciones será facilitar inversiones en el sector energético. La Secretaría de Energía otorgará facilidades para proyectos que permitan pasar de 24% a 38% de generación eléctrica con energía renovable.
La Presidenta explicó que ya se autorizaron 5 mil megawatts de producción de energía eléctrica privada con energías renovables. Además, se prevé dar a conocer esta semana a los ganadores del concurso de 11 mil megawatts de inversión mixta, también enfocado en energías verdes.
Autorización inmediata para inversiones
Como segunda acción, la Agencia de Transformación Digital anunció un decreto para incentivar proyectos de inversión, mediante la creación de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones y su Comité.
El objetivo es abrir una ventanilla digital nacional, que opere como punto de entrada para trámites de comercio exterior ante el SAT, la Secretaría de Economía y Aduanas.
La intención es que los proyectos ubicados en Polos de Bienestar, con inversión mínima de un millón de pesos o en sectores estratégicos, reciban constancia de autorización en un plazo de 30 días. Para proyectos que no cumplan esas características, el plazo sería de 90 días.
Trámites sanitarios y carreteros más ágiles
La tercera acción contempla facilitar trámites ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con una autorización sanitaria más ágil y con vigilancia posterior a la comercialización.
Según el planteamiento, esto podría reducir hasta 50% los tiempos de trámite, lo que representa un cambio importante para sectores productivos que dependen de autorizaciones sanitarias.
La cuarta acción corresponde a la inversión carretera. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes proyecta una inversión pública y privada de 523 mil millones de pesos para 5 mil 123 kilómetros de construcción y ampliación.
Con ello, el gobierno busca conectar mejor al país, impulsar cadenas productivas y atender una realidad básica: sin infraestructura, la relocalización de inversiones se queda en puro PowerPoint.
Certeza fiscal y simplificación administrativa
La quinta acción tiene que ver con la certidumbre fiscal. El acuerdo publicado en el Diario Oficial plantea fortalecer la certeza jurídica y administrativa para quienes inviertan en México.
La medida busca promover el cumplimiento de los tratados internacionales y evitar interpretaciones contradictorias en materia fiscal.
Entre los puntos destacados está la eliminación de la aplicación retroactiva cuando no existan fallas en sistemas fiscales o aduaneros, además de evitar la imposición de sanciones atribuibles a problemas del sistema.
Prodecon acompañará a inversionistas
Como sexta acción, se contempla que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pase a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos presentados.
Esta medida busca garantizar certidumbre jurídica, evitar abusos administrativos y acompañar a los contribuyentes que participen en proyectos de inversión.
En conjunto, las acciones buscan enviar una señal al sector privado: México quiere inversión, pero inversión que se alinee con desarrollo, infraestructura, energía y bienestar.
