- Una fuente hizo llegar a Subjetivo, documentos que narran la historia de como un despacho jurídico vinculado a Julio Scherer Ibarra busca desfalcar a un proveedor de SEDENA por mas de 370 millones de pesos. Guzuli Abogados, exige a FAW México el pago de una cantidad millonaria por un contrato que ya fue anulado por el Poder Judicial federal. Sin embargo, una jueza local de Ciudad de México permitió la extracción de 90 millones de pesos de las cuentas de la empresa que ya contaba con un amparo ante cualquier embargo. El modus operandi del exconsejero jurídico y su pandilla en exclusiva solo para Subjetivo.
El origen: un contrato millonario con letra chica
De acuerdo con el expediente civil 1208/2024 al que Subjetivo tuvo acceso, Guzuli Abogados impulsó la ejecución de un “convenio de reconocimiento de adeudo” por más de 322 millones de pesos contra Ensambladora Latinoamericana de Motores, vinculada a FAW México. El documento establece que la empresa debía pagar ese monto a partir de los ingresos derivados de un contrato con SEDENA, incluso con un esquema donde se obligaba a entregar hasta el 16% de cada pago recibido por la venta de vehículos al Ejército .
El problema: según la fuente consultada, ese convenio se firmó bajo la promesa de que el despacho facilitaría la asignación del contrato. Pero en los hechos, Guzuli no pudo comprobar ninguna evidencia de gestión administrativa dentro de SEDENA, ni siquiera existió reconocimiento institucional del despacho o de Scherer Ibarra en ese proceso. Es decir, Guzuli Abogados prometió darle un cause favorable al proceso administrativo de la empresa ante la dependencia pero no hizo su trabajo, es más la Defensa negó cualquier vinculo oficial, personal, jurídico o político con el despacho vinculado a Scherer.
La ofensiva judicial arrancó formalmente en el expediente 1208/2024 del Poder Judicial Federal al cual tuvimos acceso. Un escrito de Guzuli dentro del propio litigio sostiene que el Juzgado Sexagésimo admitió en noviembre de 2024 tanto la vía de apremio como las providencias precautorias, y que desde ese arranque se ordenaron embargos sobre cuentas por cobrar con SEDENA y sobre cuentas bancarias. Es decir: desde el inicio, el los abogados de Scherer no buscaron sólo reconocimiento judicial del adeudo; buscaron también amarrarse a los recursos del proveedor militar.
Luego vino el forcejeo procesal. FAW México promovió la nulidad de emplazamiento y amparo; después, una apelación revocó la suspensión de la vía de apremio y se fijó una diligencia para el 2 de diciembre de 2025. La empresa señaló bienes para garantizar el adeudo por más de 2,918 millones de pesos y el embargo formal se trabó únicamente sobre esos bienes. Pero al día siguiente, la jueza local por ministerio de ley volvió a ordenar el embargo de las cuentas bancarias. Es decir, pese a la existencia de amparos para evitar cualquier embargo de los bienes de la empresa, en una muy sospechosa determinación de una jueza local, se le abrió la puerta de la cuestas bancarias de FAW México de las cuales ya pudieron disponer 90 millones de pesos en 5 pagos millonarios según los documentos revisados por Subjetivo.
El choque de poderes: cuando el amparo no basta
Lo que sigue es donde la historia deja de ser jurídica y empieza a oler a colusión al interior del Poder Judicial local.
A pesar de la suspensión federal:
- Un juzgado civil en la Ciudad de México ordena nuevos embargos
- Se giran instrucciones para asegurar dinero directamente de cuentas bancarias
- Se concreta la extracción de alrededor de 90 millones de pesos
Bajo ese esquema, se retiró en cinco pagos más de 90 millones de pesos de las cuentas de FAW México que sirven entre otras cosas para el pago de nomina de sus empleados pese a una orden federal que lo prohibía. Los documentos del caso muestran cómo, incluso después de que la empresa garantizara el adeudo con bienes por miles de millones, se insistió en ir por liquidez inmediata.
El modus operandi: presión legal y cobro forzado
Los documentos revisados por Subjetivo permiten delinear un patrón:
- Se firma un convenio de deuda ligado a un contrato público.
- Se condiciona el pago a ingresos provenientes de SEDENA.
- Se ejecuta judicialmente el cobro aun cuando hay controversias legales activas.
- Se impulsan embargos incluso con suspensiones vigentes.
Todo esto bajo un esquema donde la fuente asegura que FAW México fue engañada para contratar servicios de “gestoría” inexistentes.
El caso Guzuli Abogados vs FAW México por primera vez permite documentar el modus operandi de quien presume tener una extraordinaria relación con la Presidenta de la República en su más reciente novela: “Ni venganza ni perdón. Una amistad al filo del poder”. Relación que le serviría para firmar contratos por honorarios millonarios con la promesa de darle cause favorable a tramites administrativos sin mover un solo dedo. La relación entre Julio Scherer y Guzuli Abagados fue revelada en exclusiva para Subjetivo por la fuente de este medio digital de comunicación.
