- Un magistrado federal decidió ponerse del lado de las empresas y no del interés público. En una sentencia reciente, el Poder Judicial otorgó un amparo contra los lineamientos de alimentación saludable en escuelas, debilitando una política pública pensada para combatir la obesidad y proteger la salud desde las aulas.
¿Qué resolvió el juez?
El Miguel Ávalos Cornejo, magistrado del Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, revocó una sentencia previa y concedió el amparo a una empresa privada para que no se le apliquen los lineamientos de la SEP y la Secretaría de Salud que prohíben la venta de comida chatarra en escuelas de nivel medio superior y superior.
El fallo sostiene que restringir la venta de productos con sellos de advertencia afecta la libertad de comercio, incluso cuando se trata de espacios educativos.
El problema: pone el negocio por encima de la salud
La sentencia minimiza el objetivo central de la política pública: proteger el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, reconocido en la Constitución.
Estado queda maniatado para regular entornos que influyen directamente en hábitos alimenticios, normalizando la presencia de comida chatarra en universidades y bachilleratos.
Un precedente peligroso
El fallo no solo beneficia a una empresa. Abre la puerta para que más proveedores impugnen políticas de salud pública, usando la “libertad de comercio” como escudo para seguir lucrando en espacios educativos.
Además, el tribunal desestima el enfoque preventivo del Estado, ignora evidencia científica sobre obesidad y enfermedades crónicas, y desconoce el carácter progresivo del derecho a la salud.
¿Justicia o traición al pueblo?
Mientras millones de familias enfrentan las consecuencias del sobrepeso, la diabetes y la mala alimentación, un juez decidió proteger contratos y máquinas expendedoras.
Esta sentencia traiciona el espíritu del interés público y se alinea con los intereses privados que históricamente han frenado cualquier intento serio de regulación sanitaria.
