- Se puso en marcha una reestructuración de Talleres Gráficos de México (TGM) para convertirlo en el principal productor público de documentación y materiales electorales, reducir costos y combatir irregularidades en las contrataciones. La transformación estará encabezada por Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, nueva directora general del organismo.
El Gobierno de México publicó el 18 de noviembre un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para fortalecer a Talleres Gráficos, en medio de investigaciones y observaciones sobre contrataciones de materiales electorales. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la medida busca garantizar mayor transparencia, rendición de cuentas y vigilancia en el uso de recursos públicos.
Viridiana Yáñez, nueva directora de Talleres Gráficos
Como parte de la reestructuración, se designó a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como directora general de TGM. Es licenciada en Sociología por la UAM, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por Flacso y doctora en Políticas Públicas por el CIDE. Ingresó al organismo en diciembre de 2025 como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos, donde participó en procesos de certificación, planeación institucional y sistematización de información.
El decreto también modifica la Junta de Gobierno, que pasará de cinco a siete integrantes, con tres consejeros independientes propuestos por instituciones académicas: Ángel Eustorgio Rivera González, del IPN; Raúl Juan Contreras Bustamante, de la UNAM, y Josefina Cortés Campos, del Tecnológico de Monterrey. El objetivo es incorporar supervisión especializada a las decisiones estratégicas del organismo.
Nuevas reglas contra la corrupción electoral
La transformación responde, entre otros antecedentes, a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre contrataciones sin investigaciones de mercado, adjudicaciones directas insuficientemente justificadas y pagos anticipados. Para evitar nuevas irregularidades, Talleres Gráficos deberá transparentar sus proveedores, publicar información contractual y establecer controles contra conflictos de interés, además de impedir la participación de empresas que incumplan los criterios de contratación establecidos.
La primera etapa de la reforma, prevista hasta junio de 2027, contempla crear un padrón público de contratistas, transparentar los contratos y solicitar auditorías anuales voluntarias a la ASF. La segunda fase, de julio de 2027 a 2030, incluye impulsar una Ley de la Imprenta Nacional de México, modernizar la infraestructura y promover reformas para que instituciones públicas produzcan la documentación electoral.
Además, el Gobierno federal pretende establecer precios homologados para el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como crear un almacén nacional para recuperar y reutilizar urnas y otros materiales. La meta es reducir el gasto electoral y disminuir la dependencia de proveedores privados, sin modificar las facultades constitucionales del INE.





