- El partido encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo anunció que demandará a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Raquel Buenrostro por presunta difamación, luego de que el Gobierno federal señaló vínculos entre personajes cercanos a esa organización y empresarios relacionados con las investigaciones por posibles irregularidades en el INE.
La molestia de SOMOS surgió después de que Raquel Buenrostro presentó una investigación sobre los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, empresarios que construyeron durante décadas una red de compañías proveedoras de materiales electorales.
La Secretaría Anticorrupción identificó contratos por 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025. De ese monto, 2 mil 94 millones corresponden al periodo de 2015 a 2023, mientras que otros 646.3 millones se registraron entre 2024 y 2025.
La investigación también expuso posibles prácticas de simulación de competencia en licitaciones, uso de prestanombres y operaciones financieras sospechosas, que deberán investigar las autoridades competentes.
¿Qué relación tiene SOMOS con los empresarios investigados?
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló a Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo funcionario del Registro Nacional de Población (Renapo) y del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
De acuerdo con Buenrostro, Padilla fue superior jerárquico de los hermanos Hernández Casillas cuando trabajaban en el Gobierno federal durante la administración de Carlos Salinas de Gortari.
Décadas después, Padilla apareció como representante del Frente Cívico Nacional en el Estado de México, organización impulsada por Guadalupe Acosta Naranjo, y actualmente participa en SOMOS.
En ese mismo partido figuran antiguos funcionarios electorales como Lorenzo Córdova, Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina.
SOMOS acusa difamación y llama a movilizarse
Lejos de limitarse a rechazar los señalamientos, SOMOS responsabilizó a Sheinbaum de intentar desviar la atención del escándalo que provocó la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE.
También aseguró que México enfrenta la crisis más profunda en la historia del organismo electoral y convocó a las fuerzas opositoras a organizar una nueva movilización en defensa de la democracia.
El partido pidió a la Cámara de Diputados garantizar un proceso transparente para seleccionar a la próxima presidencia del INE e insistió en que el nombramiento debe surgir del consenso político.
Por su parte, Sheinbaum ha sostenido que cualquier irregularidad cometida durante la gestión de Taddei debe investigarse, pero rechazó que la red de contratistas surgiera con su nombramiento en 2023.
La controversia deja una pregunta incómoda para la nueva organización opositora: ¿por qué concentrar su respuesta en las demandas antes que aclarar públicamente los antecedentes políticos expuestos por el Gobierno?
