- La Operación Enjambre, implementada para combatir la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas del Estado de México, acumula sentencias por mil 208 años y 10 meses de prisión contra 27 personas, entre ellas expresidentes municipales, excomisarios de seguridad, policías y otros exservidores públicos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este viernes 9 de octubre que los resultados derivan de investigaciones y operativos coordinados con el Gabinete de Seguridad federal y autoridades estatales para identificar redes de protección institucional vinculadas con delitos de alto impacto.
La estrategia comenzó el 22 de noviembre de 2024, cuando autoridades federales y mexiquenses desplegaron un operativo simultáneo contra funcionarios municipales presuntamente relacionados con organizaciones delictivas.
Las investigaciones surgieron después del hallazgo de restos humanos correspondientes a diez víctimas en pozos del municipio de Nicolás Romero. Las indagatorias identificaron la participación de elementos de la policía municipal y posibles redes de colaboración entre servidores públicos y grupos criminales.
A partir de estos hechos, las autoridades ampliaron las investigaciones hacia otras administraciones municipales donde detectaron indicios de protección institucional para facilitar actividades ilícitas.
En los operativos participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría de Seguridad del Estado de México y Fiscalía mexiquense.
Exalcaldesa de Amanalco y exmandos policiales, entre los condenados
Entre las sentencias destaca la de María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, quien recibió una condena de 70 años de prisión el 16 de diciembre de 2025 por homicidio en agravio de integrantes de su administración.
Otro caso es el de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, quien acumula dos condenas: una de 40 años por homicidio y otra de 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.
La Fiscalía también obtuvo dos sentencias contra Eulises González Hernández, excomisario de Acambay: 68 años y seis meses por desaparición forzada y 47 años y seis meses por extorsión.
Entre otros exfuncionarios condenados se encuentran Luis Ángel Nicolás Santos, exdirector de Seguridad Pública de Tlatlaya, con 50 años de prisión por secuestro exprés con fines de robo, y Juan Cruz Solano, excomisario de Coatepec Harinas, con 40 años por extorsión.
Omar Leyva Montalvo, exsubdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, recibió una condena de 40 años por extorsión, mientras que Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, expresidente honorífico del DIF de Tonatico, fue sentenciado a 50 años por secuestro exprés con fines de extorsión.
Policías de Nicolás Romero y Ecatepec también recibieron condenas
La Operación Enjambre también permitió obtener sentencias contra elementos de corporaciones municipales involucrados en homicidios, secuestros y otros delitos.
Siete integrantes de la Policía Municipal de Nicolás Romero recibieron condenas de 47 años y seis meses de prisión cada uno por homicidio calificado.
Asimismo, Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, expolicías municipales de Ecatepec, fueron sentenciados a 47 años de prisión cada uno por homicidio.
La Fiscalía también reportó una condena de 62 años y seis meses contra Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, alias «El Matón», expolicía de Nicolás Romero, por secuestro exprés.
Por su parte, Agustín Gildardo Bringas Álvarez, expolicía de Santo Tomás, recibió una sentencia de 60 años por secuestro.
Siete nuevas sentencias por evasión de exalcalde de Santo Tomás
Entre los resultados más recientes destacan siete sentencias emitidas el 30 de septiembre contra personas que participaron en hechos relacionados con la evasión de Pedro Luis «N», alias «Wicho», exalcalde de Santo Tomás.
El 17 de diciembre de 2024, agentes de investigación intentaron detener al exfuncionario mientras rendía protesta en el centro del municipio. Sin embargo, un grupo de personas intervino para impedir su captura.
Tras las investigaciones, las autoridades obtuvieron una condena de 14 años de prisión contra Ángel Díaz Zarco por evasión, abuso de autoridad y robo con violencia. Por los delitos de evasión y robo con violencia, Martín Santana Martínez recibió una sentencia de 12 años y ocho meses.
Asimismo, Litzy Mariana Domínguez Vilchis fue condenada a ocho años y ocho meses de prisión por evasión y daño en bienes, mientras que María Raquel Rubio Rodríguez recibió una pena de seis años por evasión y abuso de autoridad.
Por su parte, Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua recibieron sentencias de cuatro años y ocho meses de prisión cada una por el delito de evasión.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las autoridades capturaron posteriormente a Pedro Luis «N» el 8 de febrero de 2025 en Valle de Bravo y que permanece internado en un centro penitenciario estatal.
Fiscalía del Edomex mantiene investigaciones contra servidores públicos
La Fiscalía mexiquense informó que la Operación Enjambre continúa activa y mantiene abiertas investigaciones contra funcionarios de administraciones actuales y anteriores por posibles vínculos con organizaciones delictivas.
Las indagatorias abarcan delitos como homicidio, extorsión, secuestro, desaparición forzada y otras conductas relacionadas con la operación de grupos criminales.
Las autoridades señalaron que los expedientes se presentarán ante los órganos jurisdiccionales cuando existan elementos suficientes para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.
La ciudadanía puede denunciar posibles hechos delictivos mediante el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número 800 702 8770 o la aplicación FGJEdomex, disponible gratuitamente para dispositivos móviles.
Con 27 personas condenadas y más de mil 200 años de prisión acumulados, la Operación Enjambre continúa con investigaciones destinadas a identificar la participación de servidores públicos en redes delictivas dentro del Estado de México
