- La diputada federal Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), presentó una reserva a la reforma de la Ley Federal del Derecho de Autor para incorporar una disposición que protegiera la libertad de expresión frente a posibles interpretaciones de la legislación, en coincidencia con las preocupaciones expresadas por legisladores del PRI y PAN durante su discusión en la Cámara de Diputados.
El planteamiento fue presentado el 7 de octubre de 2026 ante la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Paulina Rubio Fernández, en el marco del debate sobre la reforma que modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.
En el documento difundido, Aguilar propuso añadir al artículo 114 Nonies un párrafo para establecer expresamente que las disposiciones sobre responsabilidad de los proveedores de servicios de internet no deben interpretarse como una restricción a la libertad de expresión.
La propuesta buscaba precisar que no se consideraría conducta infractora ni daría lugar a sanciones el ejercicio de ese derecho, en el contexto de las nuevas obligaciones que la legislación establece para las plataformas digitales.
La reserva del PT coincide en uno de sus argumentos con los cuestionamientos del PRI y PAN, cuyos legisladores advirtieron que la reforma podría abrir la puerta a restricciones de contenidos digitales, aunque sus posiciones respecto del dictamen fueron diferentes.
Durante la discusión, legisladores de oposición denominaron la iniciativa como Ley Antimemes y sostuvieron que las nuevas disposiciones podrían afectar expresiones de crítica política, sátira y parodia en plataformas digitales.
Sin embargo, la reforma discutida en la Cámara de Diputados se concentra en establecer responsabilidades para los proveedores de servicios de internet cuando tengan conocimiento, contribuyan o se beneficien de infracciones a los derechos de autor, así como en regular las condiciones bajo las cuales pueden ser sancionados.
El proyecto contempla que los proveedores adopten políticas públicas para atender infracciones reincidentes y establece mecanismos de responsabilidad cuando incumplan sus obligaciones en materia de propiedad intelectual.
La discusión también estuvo marcada por señalamientos sobre otra reforma legislativa, relacionada con el uso indebido de la identidad gráfica de instituciones gubernamentales, que contempla sanciones por la utilización fraudulenta de elementos oficiales.
Sobre esta última propuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró el pasado 1 de octubre que no busca castigar memes, caricaturas ni expresiones de sátira política, sino combatir fraudes cometidos mediante la utilización ilegal de símbolos gubernamentales.
Pese a la reserva presentada por Aguilar, el Partido del Trabajo respaldó mayoritariamente la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor. El dictamen obtuvo 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención durante su votación en lo general, con el respaldo de Morena, PT y PVEM.
La propia Lilia Aguilar defendió el proyecto durante la discusión parlamentaria y señaló que su objetivo era combatir la piratería digital mediante nuevas reglas para los proveedores de servicios de internet.
