- El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel obtuvo una suspensión definitiva dentro del amparo con el que combate la negativa para cumplir en su domicilio la prisión preventiva impuesta por el caso de presunto contrabando de hidrocarburos. Sin embargo, la resolución no ordena su salida de El Altiplano ni le concede automáticamente prisión domiciliaria.
La defensa tendrá una nueva oportunidad este viernes 25 de septiembre, cuando un juzgado federal de Almoloya de Juárez analice específicamente su solicitud para modificar la medida cautelar. La audiencia está programada para las 10:30 horas, será privada y se realizará por videoconferencia.
La jueza federal Azucena Lazalde Iñiguez concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 889/2026, promovido contra la negativa judicial para permitir que Ruffo cumpliera la prisión preventiva en su domicilio. La resolución fue dictada el 21 de septiembre.
Tras difundirse versiones sobre una posible salida del exmandatario, el Órgano de Administración Judicial aclaró que la suspensión únicamente establece que Ruffo permanezca a disposición del juzgado de amparo en el lugar donde actualmente está recluido, mientras la autoridad responsable conserva facultades para continuar con el proceso penal.
Por ello, Ruffo permanece en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano. La suspensión obtenida y la audiencia del próximo viernes forman parte de procedimientos relacionados, pero no equivalen por sí mismos a una autorización para abandonar el penal.
Defensa pedirá prisión domiciliaria el 25 de septiembre
Un juzgado federal con sede en Almoloya de Juárez citó a las partes para el viernes a las 10:30 horas. Durante la diligencia, los abogados de Ruffo solicitarán formalmente que la prisión preventiva se ejecute en su domicilio.
Ruffo tiene 74 años y su defensa ha argumentado tanto su edad como diversos padecimientos de salud para solicitar el cambio.
El artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, cuando una persona imputada sea mayor de 70 años o padezca una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional puede ordenar que la prisión preventiva se ejecute en su domicilio, un centro médico o un establecimiento geriátrico. La disposición no aplica automáticamente y permite al juez negar esa posibilidad cuando considere que existe riesgo de sustracción de la justicia o riesgo social.
Tres coacusados dentro del mismo caso ya enfrentan el proceso bajo prisión domiciliaria, entre ellos Juan Hermilo Chávez y los hermanos José María y Guillermo de la Peña Rosales, de acuerdo con información sobre el expediente judicial.
Ruffo está acusado por el caso de “huachicol ferroviario”
La FGR detuvo a Ernesto Ruffo el pasado 16 de julio en Ensenada, Baja California. Las autoridades lo señalan por su probable participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos mediante transporte ferroviario desde Estados Unidos hacia México.
El 19 de julio, una jueza ordenó que permaneciera bajo prisión preventiva en El Altiplano. Días después, tras una audiencia que se prolongó durante más de 30 horas, Ruffo y otros siete acusados fueron vinculados a proceso.
La FGR sostiene que Ruffo y los demás imputados habrían utilizado un esquema conformado por 11 empresas para introducir irregularmente al país 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel transportados en 163 carrotanques. Estas acusaciones forman parte de la teoría del caso de la Fiscalía y deberán acreditarse durante el proceso penal.
Según la investigación ministerial, al menos nueve embarques salieron de Deer Park, Texas. Ingemar, empresa vinculada empresarialmente con Ruffo, aparece señalada como consignataria de combustible dentro de las operaciones investigadas.
FGR calcula daño de 166 millones en operaciones imputadas
Para las operaciones relacionadas específicamente con los 163 carrotanques, la Fiscalía calculó un perjuicio al fisco federal de 166 millones 466 mil 735 pesos por contribuciones presuntamente evadidas.
La cifra es distinta al cálculo de más de 4 mil millones de pesos divulgado por la fiscal Ernestina Godoy al presentar la investigación general sobre la red de contrabando ferroviario de combustible. Ese monto corresponde al conjunto más amplio de operaciones investigadas por la FGR.
El próximo viernes el juzgado no resolverá la responsabilidad penal de Ruffo. La audiencia estará centrada en determinar si mantiene la prisión preventiva dentro de El Altiplano o si puede cumplir esa medida cautelar desde su domicilio.
