- El Gobierno federal reportó que las acciones de prevención, vigilancia de contrataciones y combate a la corrupción permitieron proteger 83 mil 800 millones de pesos durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum. En el mismo periodo, 4 mil 193 servidores públicos recibieron sanciones administrativas y 53 fueron vinculados a proceso penal por presuntos delitos relacionados con actos de corrupción.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó este martes el balance durante la conferencia presidencial en Palacio Nacional y detalló que las medidas incluyen controles sobre compras públicas, seguimiento de contratos, sanciones y reorganización administrativa.
Buenrostro explicó que los 83 mil 800 millones de pesos se distribuyen en cuatro grandes rubros. Las mejores condiciones obtenidas en procesos de compra representan 29 mil millones de pesos, mientras que otros 42 mil 200 millones corresponden al seguimiento de la administración de contratos.
A esas cantidades se suman 4 mil 800 millones derivados de acciones relacionadas con sanciones y 7 mil 800 millones obtenidos mediante medidas de eficiencia en la organización gubernamental.
La cifra fue presentada por la dependencia como recursos protegidos mediante acciones preventivas y de supervisión, por lo que no corresponde exclusivamente a dinero recuperado después de actos de corrupción.
El reporte se suma a la política de reducción del gasto corriente planteada por Sheinbaum. En su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta señaló que durante sus primeros 23 meses la administración redujo el gasto corriente en alrededor de 200 mil millones de pesos respecto de 2024, sin considerar afectaciones a áreas sustantivas.
Más de 4 mil servidores públicos sancionados
En materia administrativa, Buenrostro informó que 4 mil 193 servidores públicos fueron sancionados en los primeros dos años del sexenio.
Del total, 3 mil 528 casos correspondieron a faltas consideradas no graves y 665 a faltas graves.
Entre las irregularidades detectadas aparecen la autorización de pagos indebidos, sustracción de información bajo responsabilidad de servidores públicos, pagos por bienes o servicios no entregados, compras injustificadas, falsificación de documentos, así como casos de hostigamiento y acoso sexual.
Cuando se trata de faltas administrativas graves, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa imponer las sanciones. En casos recientes, las resoluciones han incluido destituciones, suspensiones, multas e inhabilitaciones para ocupar cargos públicos.
Mil 737 casos fueron enviados al Tribunal Federal
La Secretaría Anticorrupción también remitió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa expedientes correspondientes a mil 737 servidores públicos.
De ellos, 87 ya habían sido notificados de una sanción al momento del informe y otros mil 650 procedimientos continuaban pendientes de resolución.
Las cifras administrativas deben distinguirse de las investigaciones penales: una sanción por responsabilidad administrativa no equivale necesariamente a la comisión de un delito.
53 funcionarios ya fueron vinculados a proceso
Buenrostro informó que durante el mismo periodo la dependencia presentó 517 denuncias contra servidores públicos ante autoridades ministeriales cuando encontró hechos que también podrían constituir delitos.
De esas denuncias, 53 funcionarios han sido vinculados a proceso penal. Entre los delitos detectados con mayor frecuencia aparecen enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
La vinculación a proceso significa que un juez encontró elementos suficientes para continuar una investigación penal contra una persona; no equivale a una sentencia condenatoria y los imputados conservan la presunción de inocencia.
También sancionan a proveedores y empresas
El informe incluye acciones contra particulares que participan en contrataciones públicas.
Buenrostro reportó 286 personas morales sancionadas: 222 recibieron una inhabilitación acompañada de una multa y 64 fueron sancionadas únicamente de manera económica. En conjunto, las multas sumaron 147.3 millones de pesos.
Las irregularidades señaladas incluyen presentación de documentos falsos, incumplimiento de contratos, simulación de experiencia técnica o capacidad económica y ocultamiento de conflictos de interés.
Como referencia, sólo durante el primer trimestre de 2026 Buen Gobierno sancionó a 32 proveedores y contratistas, con multas por 15.6 millones de pesos y 28 inhabilitaciones para participar temporalmente en contrataciones de la administración federal.
Multas por manejo indebido de datos personales
La Secretaría también presentó resultados en protección de datos personales, atribución que asumió después de la desaparición del INAI.
En este rubro fueron sancionadas 51 personas o empresas y se impusieron multas por 118.5 millones de pesos por infracciones relacionadas con el tratamiento de información personal.
Buenrostro había informado previamente que la dependencia abrió investigaciones sobre expedientes heredados del extinto INAI que no habían concluido, incluidos procedimientos en los que los plazos llegaron a prescribir.
