- Morena en Nuevo León anunció que este lunes llevará ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estatal una nueva denuncia contra el gobernador Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez y miembros de su familia por presuntos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los señalamientos se relacionan con operaciones que, según los denunciantes, superan los mil 400 millones de pesos.
La denuncia también incluye a Samuel Orlando García Mascorro, padre del mandatario; Samuel Orlando García Villarreal, su medio hermano; Miguel Ángel Flores Serna, secretario general de Gobierno de Nuevo León, y Eric Peñalver Serna, familiar del funcionario estatal. El senador Alejandro Murat, delegado de Morena en Nuevo León, encabeza la presentación.
Hasta la mañana de este 21 de septiembre, medios que tuvieron acceso al anuncio señalaron que la acusación sería presentada durante el día; todavía no se había confirmado públicamente su recepción formal por la Fiscalía estatal. La presentación de una denuncia tampoco implica que los delitos estén acreditados ni que exista responsabilidad penal determinada.
Morena acusa presunta triangulación de recursos
La acusación sostiene que recursos pagados por el Gobierno de Nuevo León a proveedores habrían pasado posteriormente por otras empresas y que una parte terminó en Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho relacionado con Samuel García y su padre.
La cifra de más de mil 400 millones de pesos no representa, de acuerdo con la propia acusación difundida, un depósito directo de esa cantidad al despacho. Corresponde al volumen de recursos involucrados en las operaciones que Morena pide investigar y cuya trazabilidad deberá determinar la autoridad ministerial.
El señalamiento retoma investigaciones periodísticas y movimientos financieros que desde 2024 han colocado bajo escrutinio las relaciones entre proveedores del Gobierno estatal y el despacho de la familia García.
La ruta MYR-Jace-Firma Jurídica
Una investigación publicada en marzo de 2024 documentó que Suministro MYR facturó al Gobierno de Nuevo León 964.7 millones de pesos entre octubre de 2021 y noviembre de 2023 por servicios de alimentación en penales, corporaciones policiacas, comedores gubernamentales y eventos.
En ese mismo periodo, MYR habría pagado 237.2 millones de pesos a Proveedor de Productos Mexicanos Jace, empresa con la que compartía socios y apoderados. Posteriormente, Jace depositó 202.9 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados bajo el concepto de honorarios profesionales.
De acuerdo con los reportes, García reconoció en sus declaraciones patrimoniales de 2021, 2022 y 2023 una participación de 50 por ciento en ese despacho y señaló que parte de sus ingresos provenían de la firma.
Los pagos reportados de Jace al despacho comenzaron el 15 de octubre de 2021, once días después de que García asumió la gubernatura.
Estados de cuenta mostraron transferencias el mismo día
El caso tomó nuevamente fuerza en mayo de 2026, cuando una investigación de Reforma basada en estados de cuenta documentó operaciones en las que proveedores recibieron pagos de la Tesorería estatal y, horas después, recursos llegaron al despacho relacionado con García.
Uno de los movimientos ocurrió el 19 de noviembre de 2021: la Tesorería depositó 22.2 millones de pesos a Suministro MYR; después hubo una transferencia hacia Jace y, alrededor de dos horas más tarde, 8.5 millones de pesos fueron depositados en Firma Jurídica y Fiscal Abogados.
En diciembre de 2022 se reportó otra secuencia: el Gobierno estatal pagó 33.8 millones de pesos a MYR; posteriormente se transfirieron 10 millones a Jace y esa cantidad llegó al despacho aproximadamente tres horas después. En junio de 2023 se documentó otra operación que comenzó con un pago estatal de 35.3 millones y terminó con un depósito de 8 millones al despacho.
Determinar si esas operaciones tienen una explicación comercial legítima o si constituyen algún delito corresponde a las fiscalías y, eventualmente, a los tribunales.
Ya existe una denuncia ante la FGR
La acción anunciada este lunes no parte de cero. El 26 de mayo, Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Samuel García y Mariana Rodríguez por la misma presunta triangulación de recursos públicos.
Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena, acudió entonces a la FGR acompañada por Alejandro Murat y otros legisladores. El partido solicitó investigar transferencias relacionadas con recursos estatales y federales, empresas proveedoras y despachos ligados al entorno del gobernador.
En aquella ocasión también se pidió revisar el posible uso de recursos para promoción política y publicidad. Hasta este 21 de septiembre, la FGR no ha informado públicamente sobre una imputación penal contra García o Rodríguez derivada de esa denuncia.
Samuel García reconoce pagos, pero rechaza irregularidades
García ha negado que exista una triangulación ilícita y ha rechazado que su despacho reciba ilegalmente recursos públicos.
Cuando en 2024 se conocieron los pagos por 202.9 millones de pesos, reconoció la relación comercial con Jace, pero sostuvo que correspondía a servicios jurídicos contratados desde 2017 por un litigio fiscal. La investigación periodística señaló, sin embargo, que la facturación localizada entre Jace y el despacho comenzó en octubre de 2021.
Tras las nuevas publicaciones y la denuncia federal de mayo de 2026, García volvió a rechazar los señalamientos y sostuvo que no recibe dinero del Gobierno estatal ni de sus proveedores para financiar su actividad política. Mariana Rodríguez también negó públicamente las acusaciones relacionadas con ella y su familia.
Hasta la mañana de este lunes no se había localizado una nueva respuesta del gobernador específicamente a la denuncia estatal anunciada por Morena.
El caso también llegó al Congreso de Nuevo León
Los señalamientos también detonaron un procedimiento político. El 12 de junio, la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra García por presunta triangulación de recursos públicos y otras posibles irregularidades.
Posteriormente, el Congreso abrió una etapa de investigación y solicitó información a 69 dependencias estatales y federales, además de contratos y documentación de 12 empresas relacionadas con las operaciones bajo revisión.
García presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte. En julio, la SCJN permitió que el procedimiento legislativo continuara, pero suspendió la ejecución de cualquier eventual determinación que pudiera separarlo del cargo o inhabilitarlo mientras se resuelve el fondo de la controversia 386/2026.
La controversia y los recursos asociados continuaban registrados en la Suprema Corte durante agosto.
Dos frentes abiertos por el mismo esquema denunciado
Con la acción anunciada este lunes, las acusaciones promovidas por Morena pasan a tener una vía federal ante la FGR y otra ante la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León, además del procedimiento de juicio político abierto en el Congreso estatal.
El punto central de las investigaciones será establecer la procedencia y destino de los recursos, la relación contractual entre las empresas involucradas y el despacho familiar, y si los movimientos financieros documentados corresponden a servicios legítimos o configuran alguno de los delitos denunciados.
Hasta ahora no existe una sentencia que declare culpables a Samuel García, Mariana Rodríguez o las demás personas señaladas.
