- El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad una reforma para castigar con hasta 30 años de prisión el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes para cometer actividades delictivas.
La modificación incorpora este delito al Código Penal del estado y establece penas de entre 18 y 30 años de prisión para quienes obliguen, induzcan o utilicen a menores de edad en actividades ilícitas.
Además, contempla multas de entre 800 y 600 días de Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo con la gravedad del caso.
Las sanciones podrán incrementarse hasta en una mitad cuando la persona responsable sea familiar de la víctima o tenga bajo su custodia, guarda o educación al menor.
La reforma también establece agravantes cuando el reclutamiento se realice mediante violencia física o psicológica, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o cuando el menor se encuentre en condiciones de abandono, migración, desplazamiento forzado o discapacidad.
Con estos cambios, el Código Penal de Sinaloa reconoce a las niñas, niños y adolescentes como víctimas del delito y no como responsables de las actividades criminales para las que fueron reclutados.
El dictamen aprobado establece que las conductas cometidas contra menores no pierden su carácter delictivo aunque la víctima haya sido utilizada para participar en actividades criminales.
La iniciativa busca garantizar protección especializada a niñas, niños y adolescentes que sean captados, obligados o utilizados por grupos delictivos.
También se establece que las autoridades deberán desarrollar políticas públicas de prevención, atención, rehabilitación y reparación del daño para menores afectados por este tipo de delitos.
De acuerdo con la información presentada durante la discusión legislativa, en Sinaloa se ha documentado un aumento en el reclutamiento de adolescentes por parte de grupos delictivos.
Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, se contabilizaron cuatro adolescentes recluidos por actividades relacionadas con vigilancia, narcomenudeo y funciones de apoyo a estructuras criminales.
La reforma también modificó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado para obligar a las autoridades estatales y municipales a establecer mecanismos de prevención, rescate, rehabilitación y reintegración de menores víctimas de reclutamiento.
