- Andrés Mijes, alcalde de Escobedo y aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación en Nuevo León, volvió a cuestionar al gobierno de Samuel García por la situación de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y exigió explicar el destino de alrededor de 4 mil millones de pesos relacionados con el llamado Impuesto Verde.
El señalamiento ocurrió después de que Mijes difundiera un mensaje en el que contrastó la postura del gobernador frente a los malos olores registrados en la zona metropolitana con los problemas de drenaje que, dijo, sí corresponden directamente al ámbito estatal.
“El gobernador anda muy preocupado, simulando que se va a poner bravo para clausurar la Refinería… aunque ni siquiera es su competencia. Pero de lo que sí es su responsabilidad —Agua y Drenaje—, ni sus luces”, escribió.
Mijes pidió además una explicación pública sobre los recursos que, según ha señalado desde hace meses, salieron de Agua y Drenaje mediante el pago de impuestos ecológicos al Gobierno estatal.
“Gobernador, explícale a Nuevo León: ¿qué pasó con los 4 mil millones de pesos que hemos señalado?”, cuestionó.
De dónde sale la cifra de 4 mil millones de pesos
El monto mencionado por Mijes no aparece únicamente en sus declaraciones. Diputados locales del PRI y PAN han documentado que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey habría pagado cerca de 4 mil millones de pesos entre 2022 y 2025 por concepto de impuestos ecológicos, conocidos como Impuesto Verde.
Tan solo en 2025, legisladores integrantes del Congreso estatal calcularon un pago de alrededor de mil 300 millones de pesos. La discusión se centró en si el organismo debía estar obligado a cubrir ese gravamen, debido a que su propia ley establece exenciones fiscales para la paraestatal.
En mayo, la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó una reforma para excluir expresamente a Agua y Drenaje del pago de los impuestos ecológicos. Legisladores argumentaron que esos recursos deberían permanecer dentro del organismo para infraestructura, mantenimiento y operación.
El gobernador Samuel García vetó posteriormente esa modificación. Tras la decisión, diputados opositores reiteraron que Agua y Drenaje seguiría transfiriendo entre mil 200 y mil 500 millones de pesos anuales a la Tesorería estatal mediante ese concepto.
El Congreso estatal también ha solicitado información al Ejecutivo sobre la metodología utilizada para calcular el gravamen y sobre el destino específico del dinero recaudado durante 2024 y 2025.
Mijes ya había pedido auditorías a esos recursos
En julio, Mijes acudió a la Auditoría Superior del Estado para solicitar revisiones especiales sobre distintos proyectos y movimientos financieros del Gobierno de Nuevo León.
Entre los recursos que pidió auditar incluyó los 4 mil millones de pesos vinculados con el Impuesto Verde pagado por Agua y Drenaje, además de transferencias de la Red Estatal de Autopistas y obras como el Metro, la Carretera Interserrana y el Triángulo Norte.
El reclamo forma parte de una serie de señalamientos que el alcalde de Escobedo ha realizado contra la administración estatal por fugas de aguas residuales, problemas de drenaje y deficiencias en el servicio.
El pasado 5 de septiembre encabezó una protesta frente a las oficinas de Agua y Drenaje de Monterrey acompañado por vecinos que denunciaron fugas de aguas negras y problemas de suministro. Durante esa movilización volvió a exigir información sobre los 4 mil millones de pesos.
Mijes ha sostenido que las fugas de aguas residuales representan un problema sanitario y que el organismo requiere más inversión en mantenimiento e infraestructura.
La polémica por los malos olores y la Refinería de Cadereyta
El nuevo mensaje de Mijes también responde a la discusión por los olores atípicos registrados recientemente en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey.
El Gobierno de Nuevo León señaló inicialmente que los indicios apuntaban hacia procesos relacionados con la Refinería de Cadereyta y pidió la intervención de autoridades federales.
Samuel García reconoció posteriormente que el Estado no tiene facultades para clausurar ni sancionar directamente la refinería, debido a que se trata de una instalación de competencia federal.
La Secretaría de Medio Ambiente estatal también confirmó esa limitación jurídica y señaló que cualquier revisión debe realizarse en coordinación con Semarnat, Pemex y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
La ASEA realizó una inspección en la Refinería de Cadereyta el 31 de agosto y sus resultados todavía están en evaluación. Paralelamente, el INECC, Pemex y autoridades estatales mantienen monitoreos para determinar el origen de los olores.
Hasta el momento, las autoridades federales no han determinado públicamente que la refinería sea la fuente definitiva de esos olores.
Mijes utilizó ese contexto para insistir en que el Gobierno estatal debería concentrarse también en Agua y Drenaje, organismo que depende del Ejecutivo de Nuevo León y cuya situación financiera y operativa ha generado cuestionamientos tanto de Morena como de legisladores del PRI y PAN.
