- Alejandro Moreno realizó declarasiones contra Rubén Rocha Moya por regresar a la gubernatura de Sinaloa y acusó a Morena de brindarle “impunidad”. En medio de esto, el dirigente del PRI enfrenta una solicitud de desafuero por presuntos actos de corrupción y al menos 17 exfuncionarios de su administración en Campeche han sido vinculados a proceso.
El dirigente nacional del PRI reaccionó este viernes al regreso de Rubén Rocha Moya, quien retomó la gubernatura de Sinaloa después de 112 días de licencia.
Moreno calificó al morenista como “narcopolítico” y sostuvo que permaneció escondido durante esos meses para permitir que las acusaciones formuladas en Estados Unidos perdieran fuerza. También acusó al Gobierno federal y a Morena de protegerlo y utilizar a las instituciones mexicanas para garantizarle impunidad.
El priista aseguró que la defensa de Rocha forma parte de una ofensiva de Morena contra Estados Unidos, relacionándola incluso con la reciente cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán. No presentó pruebas de que exista una estrategia gubernamental coordinada con ese objetivo.
Rocha solicitó formalmente licencia para separarse del gobierno y el 26 de mayo compareció ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, donde respondió las preguntas del Ministerio Público Federal por las acusaciones estadounidenses.
El gobernador aseguró entonces que acudiría a cualquier nuevo requerimiento de la autoridad. Durante su licencia mantuvo un perfil público bajo, pero en julio incluso reapareció para asegurar que permanecía en Culiacán y que no contaba con protección federal.
Rocha volvió este 21 de agosto argumentando que las autoridades mexicanas no encontraron elementos para proceder en su contra. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación ha señalado que la investigación permanece abierta.
Moreno acusó ahora al Estado mexicano de utilizar la justicia para “otorgar impunidad” a integrantes de Morena y perseguir a quienes critican al Gobierno.
Pero cuando la Fiscalía Anticorrupción de Campeche solicitó retirarle el fuero para investigarlo por peculado y uso indebido de atribuciones, el propio Alito calificó las acusaciones como una “persecución política brutal” encabezada por Morena.
17 exfuncionarios de Alito ya fueron vinculados a proceso
La Fiscalía Anticorrupción solicitó en 2025 el desafuero de Moreno por un probable desvío de 83 millones 508 mil pesos relacionado con cuatro investigaciones correspondientes a su administración como gobernador entre 2015 y 2019.
Los casos abarcan presuntas irregularidades en Plaza Colosio, la Secretaría de Seguridad Pública, contratos de Comunicación Social y operaciones de la Administración Portuaria Integral de Campeche.
De acuerdo con la información presentada ante la Cámara de Diputados, 17 personas vinculadas con su administración ya habían sido sujetas a proceso judicial y otras dos obtuvieron criterios de oportunidad para colaborar con las investigaciones.
Uno de los casos es el de Walter Olivera Valladares, quien dirigió Comunicación Social durante el gobierno de Moreno. En abril de 2025 fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades relacionados con más de 16 millones de pesos. Actualmente continúa el proceso en libertad.
El 17 de agosto de 2026, un juez vinculó a proceso a Carlos Alberto Medina Hernández, también exdirector de Comunicación Social durante la administración de Moreno, por un presunto peculado superior a 36 millones de pesos. Medina podrá enfrentar el proceso en libertad tras pagar una garantía de 200 mil pesos y quedar sujeto a distintas medidas cautelares.
También fue vinculado a proceso Luis Antonio Espinosa Campos, contador del hermano de Alito, por un presunto peculado de 36 millones de pesos. Las investigaciones lo relacionan con pagos realizados durante la administración de Moreno y permanece en prisión preventiva.
El desafuero de Alito sigue sin resolverse
Mientras Moreno acusa a Morena de colocar un “manto de impunidad” sobre Rocha, su propia solicitud de desafuero continúa pendiente en la Cámara de Diputados.
El expediente volvió a moverse este año, pero su resolución enfrenta ahora una nueva pausa tras el anuncio de que Hugo Eric Flores dejará la presidencia de la Sección Instructora para separarse de San Lázaro y dirigir el nuevo partido PAZ.
