- La gobernadora Rocío Nahle llevó al terreno federal las negociaciones para evitar el cierre del Ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada. La secretaria de Agricultura, Columba López, se sentó con representantes de Grupo Porres para buscar una salida que proteja empleos y producción.
La batalla para mantener en operación el Ingenio San Pedro dio un paso clave. Rocío Nahle encabezó una nueva mesa de trabajo acompañada por Columba Jazmín López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, quien se incorporó directamente a las negociaciones con empresarios y funcionarios de la factoría.
El encuentro ocurre después de que Grupo Porres, propietario del ingenio ubicado en Lerdo de Tejada, Veracruz, anunciara el pasado 5 de agosto el cierre de operaciones al considerar financieramente inviable mantener trabajando la planta. Desde entonces, el Gobierno estatal ha buscado revertir la decisión.
Sheinbaum pide proteger empleos y producción
De acuerdo con Nahle, la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es trabajar para mantener los empleos, la producción azucarera y las cadenas productivas que sostienen parte importante de la economía de Los Tuxtlas y la Cuenca del Papaloapan.
“La encomienda de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es mantener los empleos, la producción y sobre todo que la zona de los Tuxtlas y del Papaloapan continúen con el desarrollo de sus cadenas productivas”, informó la gobernadora.
La presencia de Columba López marca una nueva etapa en las conversaciones. Hasta hace unos días, las gestiones se concentraban principalmente en el Gobierno de Veracruz; ahora, la titular de Agricultura federal participa directamente en la búsqueda de alternativas con la empresa.
En la mesa también estuvieron los secretarios estatales Miguel Santiago Reyes Hernández, de Finanzas; Ernesto Pérez Astorga, de Desarrollo Económico; Rodrigo Calderón Salas, de Desarrollo Agropecuario, y Luis Arturo Santiago Martínez, de Trabajo.

Más de mil 200 empleos dependen del Ingenio San Pedro
El Gobierno de Veracruz sostiene que mantener en funcionamiento la factoría permitiría preservar más de mil 200 empleos, además de evitar afectaciones a productores de caña, transportistas, proveedores y otras actividades económicas vinculadas con la agroindustria regional.
Nahle ha defendido que la infraestructura del ingenio permanece en condiciones de operar y anunció previamente que su administración revisaría junto con la empresa tanto la situación financiera como posibles alternativas para garantizar la continuidad de las operaciones.
La mandataria también ha insistido en que la caña producida en la Cuenca del Papaloapan debe continuar procesándose en la propia región, bajo la premisa de evitar que el cierre rompa una cadena productiva construida durante décadas.
Grupo Porres todavía no acuerda mantener abierto el ingenio
Pese al avance político de la negociación, todavía no existe un acuerdo definitivo que garantice la continuidad del Ingenio San Pedro. Hasta el 18 de agosto, las autoridades seguían analizando alternativas con propietarios, trabajadores y productores.
Tampoco se ha anunciado públicamente una compra del ingenio por parte del Gobierno, una expropiación, un subsidio específico o la entrada de un nuevo inversionista. Por ahora, la apuesta oficial continúa siendo alcanzar una salida mediante la negociación.
“Con diálogo y disposición vamos a llegar a buen término. ¡Vamos bien!”, sostuvo Nahle tras la nueva mesa.
Mientras las negociaciones avanzan, la situación laboral sigue siendo uno de los puntos más delicados. El secretario del Trabajo estatal, Luis Arturo Santiago Martínez, informó el 18 de agosto que los trabajadores todavía no habían recibido las liquidaciones correspondientes y que la dependencia continuaba acompañándolos.
La versión contrasta con la postura de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, que un día antes aseguró que Grupo Porres había cumplido con sus obligaciones legales, incluidos derechos y liquidaciones laborales.
La discrepancia mantiene abierto otro frente que tendrá que resolverse mientras Gobierno y empresarios buscan una fórmula que permita conservar la factoría.





