- Maru Campos volvió a presentarse como defensora de la libertad de expresión y acusó al Gobierno federal de pretender controlar a los medios mediante los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias. El discurso tiene un pequeño problema: su propia administración acumula uno de los gastos en comunicación social más agresivos del país.
- Una investigación de ZonaFree, elaborada con informes de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, documentó que entre septiembre de 2021 y diciembre de 2025 el gobierno de Campos ejerció 2 mil 503.8 millones de pesos en comunicación social y publicidad.
Los antecedentes ya habían encendido alertas. Una investigación publicada por Animal Político y YoCiudadano documentó que, solamente entre septiembre de 2021 y septiembre de 2023, el Gobierno de Chihuahua firmó 312 contratos de publicidad oficial por 518.6 millones de pesos. Casi la mitad —255 millones— quedó concentrada en apenas diez grupos de comunicación.
Entre los beneficiarios aparecieron El Diario de Juárez y Chihuahua, El Heraldo, Televisa, Canal 44, Multimedios, Radio Fórmula, TV Azteca y otros medios nacionales y locales. Animal Político documentó, por ejemplo, 27.8 millones para Televisa, 16.6 millones para Radio Fórmula y 14.5 millones para TV Azteca durante aquel periodo.
El gasto siguió creciendo. Para 2025, el Congreso de Chihuahua había aprobado alrededor de 175 millones de pesos para Comunicación Social, pero el presupuesto fue ampliado hasta más de 837 millones. La diputada Jael Argüelles denunció que la cifra representaba un incremento de 378% frente a lo originalmente autorizado.
Ahí aparece la contradicción: Campos denuncia un supuesto intento federal por condicionar a los medios, mientras su gobierno ha destinado miles de millones de pesos públicos al aparato de comunicación y publicidad.
Los derechos de las audiencias no son una orden para censurar
Lo que actualmente existe es una consulta pública, abierta hasta el 21 de agosto, sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. El proyecto plantea mecanismos para radio y televisión, códigos de ética y defensores encargados de recibir quejas de las audiencias.
La propia regulación que antecede al proyecto establece expresamente que deben garantizarse la libertad de expresión, libertad programática y libertad editorial, además de evitar cualquier forma de censura previa.
